Un juez tumba el proyecto de urbanización del polígono de O Pino

Junto a otras decenas de asociaciones, un grupo de vecinos recorrió el pasado domingo las calles de Santiago con sus sábanas reivindicativas. "O Pino tampoco se vende", gritaron junto al resto de enfadados con la política medioambiental de la Xunta, en total 3.000 personas.

Su lucha, en varios frentes, empieza a dar frutos en los juzgados donde los propietarios del polígono empresarial han presentado denuncias por la vía contencioso- administrativa y penal. Se sabe, porque así lo confirmó el Jurado de Expropiación de Galicia, que el alcalde Manuel Taboada, del PP, recomendó a sus vecinos vender las tierras para un parque empresarial a seis euros el metro, cuando costaba 18. El polígono ocupa más de un millón de metros cuadrados así que los dueños de las fincas pleitean por 12 millones de euros, contra el regidor al que acusan de prevaricar en favor de la promotora Martinsa heredera de Fadesa.

Después de varias victorias parciales, el Juzgado contencioso administrativo número tres de A Coruña acaba de echar abajo el proyecto de urbanización del polígono. La sentencia atiende parcialmente la reivindicación de un grupo de vecinos e invalida la controvertida tramitación administrativa del Gobierno de O Pino, que aprobó la licencia definitiva el mismo día en que recibió una orden de la Xunta que exigía paralizar el proyecto. El fallo no entra a juzgar qué fue antes, si la comunicación del Gobierno gallego al Ayuntamiento, o la decisión municipal de validar el proyecto urbanizador, algo que dirime en otra causa el juzgado de Arzúa.

"Retraso injustificado"

Pero reprocha al mismo alcalde que logró reunir en una sola mañana cinco informes para dar luz verde al polígono no haber sido tan diligente a la hora de "impedir que su resolución fuera eficaz". "Nada le impedía reaccionar", escribe la sentencia, que también achaca a Taboada "un injustificado retraso del ente local a la hora de notificar la resolución a los afectados". Los propietarios de los terrenos del polígono también han interpuesto otro recurso contencioso contra la negativa del alcalde de O Pino a resolver el concurso que adjudicó el proyecto a Fadesa. El pliego de condiciones exige la "resolución del contrato" en caso de que el adjudicatario -en este caso- Martinsa Fadesa- incurra en "suspensión de pagos".