El reto de Castells

¿Por qué está costando tanto la reforma de la financiación de la Generalitat? Pues porque lo que esta vez se persigue no es un apaño para aliviar unas cuentas públicas que, por definición, siempre van escasas. Lo que se persigue es un cambio de largo alcance en las posiciones relativas de todas las partes en un asunto que implica, además de a Cataluña, a la hacienda del Gobierno de España y a la financiación de todas las demás comunidades autónomas.

Este cambio consistiría en introducir más autonomía, transparencia y equidad en los mecanismos de recaudación y atribución de fondos entre las comunidades y la Administración central, además de garantizar a todas la suficiencia financiera para que cumplan sus funciones. Todo un reto.

En las negociaciones en curso, el Gobierno del presidente Montilla cuenta con un apoyo legal del que carecían los anteriores en envites similares: el nuevo Estatuto de Autonomía. El cambio de modelo de financiación de la Generalitat fue uno de los principales motivos que en 2004 llevaron a Cataluña a emprender la reforma estatutaria. Lo que en este aspecto concreto se logró en aquel momento fue la fijación de algunos criterios, como los relativos a la solidaridad y la nivelación de ingresos y disponibilidades entre las comunidades, que ahora han de ser tenidos en cuenta.

El actual forcejeo entre el consejero Castells y el vicepresidente Solbes es, pues, en realidad la continuación de las negociaciones de enero de 2006 en La Moncloa sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. El asidero de Castells es que el nuevo sistema tiene que cumplir lo pactado entonces y prescrito por el Estatuto.

El hecho de que Castells sea ahora el protagonista por parte catalana contribuye a hacerla más difícil para las otras partes. Castells no es sólo un consejero en busca de dinero. Reúne la doble condición de economista especializado en este tipo de cuestiones y de político que ha seguido muy de cerca o participado desde las bambalinas en casi todas las anteriores reformas de la financiación. Su objetivo, ahora, es cambiar el modelo haciéndolo avanzar en dirección federal. Su baza es defender para Cataluña una fórmula generalizable por las demás comunidades si así lo quisieran.

El empeño es muy difícil, pero no imposible. La dificultad principal radica en que poner fin a la inequidad e insuficiencia del sistema actual significa modificar la posición relativa de las demás comunidades y la Administración central. Una de las formas en que esto se expresa en esta negociación es que el Gobierno catalán reclama que se respete el principio de ordinalidad entre las comunidades. Es decir, la eliminación de uno de los efectos perversos del sistema vigente, consistente en que las comunidades que aportan recursos fiscales por encima del promedio general terminan teniendo menos fondos per cápita para financiar los mismos servicios públicos que las comunidades que aportan por debajo de la media y son receptoras netas.

En Cataluña, Gobierno y oposición saben que si Castells no consigue un buen acuerdo, es muy improbable que alguien lo logre. Y saben también que para él sería muy pero que muy difícil presentar como buena una reforma que no representara el avance perseguido, un cambio que no sea una mera agitación de las variables dentro del cubilete de la negociación que terminara por dar los mismos resultados cuando caen los dados. Por eso el diputado de CiU Francesc Homs le dijo el miércoles en el Parlament que, pese a todo, en este lance está de su parte.