El fiscal Martínez Madero acepta la dirección de la Oficina Antifraude

Tras meses de espera y de reflexión, el fiscal David Martínez Madero ha dicho sí. Los tres partidos que gobiernan la Generalitat están de acuerdo en que sea el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, pero necesitan los votos de CiU o el PP para que le nombre el Parlament por una mayoría de tres quintas partes de los diputados.

Desde hace semanas, el Gobierno mantiene conversaciones con nacionalistas y populares, pero hasta ahora ninguno de los dos grupos ha anunciado que apoyará el nombramiento. Y mientras eso no ocurra, Martínez Madero no será propuesto por el presidente Montilla a la Cámara catalana.

El Gobierno de izquierdas siempre ha expresado su deseo de que la elección fuese por unanimidad, pero fuentes de Presidencia explicaron ayer su deseo de no demorar más el nombramiento y de proponer a Martínez Madero en cuanto esté asegurada la aritmética parlamentaria.

El Gobierno catalán renuncia a lograr el apoyo de todos los grupos

El virtual director confía en tener los medios suficientes para actuar

Martínez Madero es actualmente el delegado en Cataluña de la Fiscalía Anticorrupción y se le considera un profesional implacable, probablemente uno de los tres o cuatro fiscales que los más curtidos abogados defensores no desean tener enfrente. En la actualidad es el fiscal encargado, entre otras causas, de la investigación de Mutua Universa y de la supuesta trama de guardias civiles, delincuentes y periodistas implicados en la desaparición de 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona en enero de 2005. Este diario intentó ayer, sin éxito, contactar con él: se encontraba de viaje fuera de Barcelona.

El nombramiento de Martínez Madero ya sonó hace tres años, cuando trascendió la primera ley que preparó el tripartito. De aquel proyecto a la ley actual han cambiado algunas de las competencias iniciales que se atribuían a la oficina. La más importante de ellas, que pudiera examinar no sólo los organismos dependientes de la Generalitat, sino también los ayuntamientos y universidades. Martínez Madero había expresado en este tiempo su disposición a asumir la dirección si realmente se le dotaba de competencias y medios, algo que, al parecer, tendrá finalmente.

El proyecto para crear la Oficina Antifraude entra en su cuarto año de historia y todavía es una incógnita cuándo comenzará a funcionar de forma efectiva. Eso sí, todos los partidos coinciden en que la cercanía del nombramiento del director es una buena señal. Ahora se tendrá que ver si las competencias y los medios bastan para abarcar todas las investigaciones que se le puedan encomendar.

La oposición mantiene que la oficina no será útil, puesto que en el largo trámite parlamentario los partidos del Gobierno han introducido modificaciones en el proyecto que pueden amenazar la independencia de la oficina. El cambio más importante es el que el Gobierno introdujo aprovechando la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Se trata de un artículo que permite al Gobierno conocer y participar en las investigaciones que le afecten. "En caso de que haya implicados recursos presupuestarios de la Generalitat, se informará al consejero de Economía, que designará a las personas de ese departamento que han de colaborar en el equipo de investigación", dice el articulado de la ley. A juicio de la oposición, esto acaba con la independencia que pudiera tener la oficina.