Regular el copago

Fernando Fantova cree que regular y definir el copago es otra de las tareas pendientes para la próxima legislatura. El copago es uno de los aspectos que más polémica generó durante el debate de la ley de Servicios Sociales, que establece que los ciudadanos van a tener que pagar una parte de los servicios sociales que requieran.

Es un recurso al que se llega tras comprobar que los fondos necesarios para hacer realidad el modelo que diseña la ley son muchos, y se requiere de un esfuerzo público muy grande, pero también de los usuarios, en determinadas circunstancias, para mantener el sistema.

El caso es que está todavía por precisar cómo se financia el sistema. Hasta ahora, el 71% de los costes los asume la Administración pública, otro 15% empresas y entidades sin ánimo de lucro, y hay un 14,40% que ya están financiado los propios usuarios como complemento al gasto público. La mayor parte del copago se hace para completar el coste de las plazas en residencias de ancianos.

El sector en un motor presente y futuro que crece casi un 15% anual

Es decir, sólo en el subsector de las residencias, el copago supondría casi el 40% de la financiación, pero extendido al total del sistema se queda situado en un 14,40%.

Sólo el año pasado el coste de los servicios sociales en Euskadi se acercó a los 2.000 millones de euros, con lo que el copago ascendió a unos 300 millones, una cantidad similar a la que aportaron empresas sin ánimo de lucro y diversas sociedades privadas.

En cuanto al copago, la ley excluye que se utilice la primera vivienda para ese fin, salvo que la casa sea lujosa y tenga un valor excepcional. En cualquier caso, la ley remite al reglamento todavía por desarrollar para establecer esas cargas.

Joseba Zalakain, del Centro de Documentación y estudios SIIS, explica en una reciente publicación sobre los servicios sociales que "obtener los recursos adicionales" para hacer un sistema de calidad "exige alcanzar un gran acuerdo social, un pacto de país por el cual todos los agentes implicados -institucionales, sociales, empresariales y también la ciudadanía en su conjunto- asuman los deberes y responsabilidades que toda ampliación de derechos lleva implícita".