Por la tez

Los agentes de la comisaría del distrito madrileño de Vallecas recibieron órdenes para detener cada semana un determinado cupo de inmigrantes en situación irregular. Existían sospechas sobre la realización de esta práctica, aunque el ministro del Interior lo desmintió en el Senado el día 10: una semana antes de que los sindicatos policiales la denunciaran como habitual en toda España.

No hay duda de la existencia de esa orden, ni de su carácter abusivo. Lo que queda por establecer es si se trata de un exceso de celo por parte de funcionarios que tradujeron de esa manera el giro producido en política de inmigración, y si es una práctica circunscrita a Madrid o aplicada en todo el país. El ministro Rubalcaba dijo ayer ante la comisión de Interior del Congreso que ningún responsable político (incluyendo el director general de la policía y su adjunto) habían dado nunca esa orden, pero evitó referirse al jefe superior de policía de Madrid.

Sin embargo, que hubo como mínimo cierta confusión lo prueba la evolución de la actitud del ministro, que primero consideró que la fijación de cupos no era una práctica ilegal, y luego que no había existido esa práctica. Frente a los diputados que le exigían responsabilidades, ayer acabó por reconocer que "alguien no ha hecho bien las cosas" y que, en todo caso, se había cursado una instrucción diciendo que "se acabó, eso no se hace más".

Las leyes no especifican qué medidas debe adoptar la policía para hacer que se respeten, sino que abren un espacio de discrecionalidad a utilizar de forma escrupulosa porque en él se juega el ser o no ser del Estado de derecho. Y lo que demuestra no ya sólo la orden de la comisaría de Vallecas, sino su aplicación práctica, constatada por los medios de comunicación en la calle, es que la policía se guiaba por el criterio de identificar inmigración y delincuencia: sólo las personas con apariencia de ser extranjeras eran interpeladas, y detenidas las que carecían de papeles. Pero no tenerlos es una falta administrativa, y para que la policía detenga a alguien tienen que existir indicios de delito. Carecer de papeles no significa perder los derechos personales básicos.

Por eso era necesario que el ministerio ordenara poner fin a la fijación de cupos para la detención de extranjeros en situación ilegal, aunque con ello reconociera implícitamente que sí había existido lo que por otra parte negaba.