776 millones para asesorías varias sin mayor control

El Consell dispuso de 776 millones de euros a lo largo de 2008 para contratar "trabajos realizados por otras empresas y profesionales" que apenas son objeto de control. Cada dirección general dispone de su propia línea presupuestaria para contratar servicios de asesoría técnica o servicios específicos. En algunos casos es de 4.000 euros. En otros, de dos millones de euros. Algunos trabajos de asesoría son esenciales para auxiliar a la maquinaria administrativa en asuntos de gran complejidad técnica. Pero el volumen conjunto de las líneas presupuestarias de que dispone cada dirección general es enorme y su destino no siempre está claro.

Los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas han solicitado a Vicente Rambla, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, la relación de servicios contratados a empresas ajenas a la Generalitat, pero el Consell les ha remitido al informe de la Sindicatura de Comptes.

El PP solicitó la misma información a la Generalitat de Catalunya y Joan Saura, consejero de Presidencia, respondió con una relación de 75 folios cuyo contenido desató una notable polémica.

Mònica Oltra, portavoz de Compromís, exigió ayer la institución de un registro de proveedores de la Generalitat para que los ciudadanos puedan acceder a todos y cada uno de los contratos que adjudique cualquier dependencia de la Administración autonómica. La agilidad administrativa en la gestión de las adjudicaciones de servicios de asesoría no se vería afectada y los ciudadanos conocerían al detalle cómo se gestionan sus impuestos.

Oltra sugirió que los contratos "menores" que no requieren concurso previo para su adjudicación dejan la "puerta abierta" a usos fraudulentos de los fondos públicos. Y ante la negativa del Consell a ofrecer información al respecto, Oltra anunció que Compromís remitirá al juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, todas las preguntas de su grupo parlamentario que han quedado sin respuesta.

Joaquim Puig, portavoz adjunto del PSPV, apuntó que las "responsabilidades jurídicas y las responsabilidades políticas" se dirimen en ámbitos diferentes. Pero también arremetió contra la opacidad del Consell y deslizó que el silencio del presidente Francisco Camps mina "su estatura moral" cuando ahora más que nunca es clave "tener autoridad moral" para liderar a la sociedad la frente a la crisis económica.