Montilla fuerza a Agricultura a cumplir la sentencia del Segarra-Garrigues
El Gobierno de la Generalitat, a través del Ministerio de Medio Ambiente, acudió ayer a Bruselas a pedir una nueva prórroga para cumplir la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que obliga a proteger 20.000 hectáreas de zonas de protección de aves (ZEPA) en el entorno del canal Segarra-Garrigues. Logró la prórroga pese a que el tiempo está totalmente vencido. El plazo caducó el pasado 1 de febrero, de ahí los movimientos de estos días de la Unió de Pagesos (UP) y de los grupos ecologistas Ipcena y Seo Birdlife, que ayer reclamaron que se cumpla la normativa.
El Segarra-Garrigues regará 70.000 hectáreas de secano y los payeses afectados señalan que si se recortan 20.000 el proyecto deja de ser rentable.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha decidido asumir la dirección del asunto. Y la decisión tomada es clara: hay que cumplir la sentencia europea, algo que ha reclamado constantemente Medio Ambiente, tanto cuando era consejero Salvador Milà como ahora con Francesc Baltasar.
Reunión con los payeses
Una de las primeras decisiones de Montilla ha sido invitar a los representantes rurales a mantener una reunión informativa sobre lo que representa el proyecto, aunque de momento la fecha no está confirmada, según explicaron ayer fuentes de UP. Montilla quiere explicarles la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia, ya que de lo contrario las sanciones podrían ser muy graves.
El cumplimiento de la sentencias (que es de septiembre de 2007) se ha ido aplazando debido a la resistencia de Agricultura, inclinada a hacer frente con los agricultores. Medio Ambiente ha insistido siempre en la necesidad de buscar una solución que no ignorase la norma europea.
Los ecologistas reclamaron ayer, precisamente, algo parecido a la intervención de Montilla. Es decir, el problema no es si Agricultura incumple y Medio Ambiente apoya, sino que se trata de un problema de Gobierno que éste debe resolver, como organismo unitario, sin excusas. "No rechazamos algunos regadíos", señaló Cristina Sánchez, de Birdlife, pero "lo que no se puede hacer es tratar de engañar a Bruselas destinando a las aves zonas que a éstas no les interesan", dijo.
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