La OCDE sitúa a España en cabeza del esfuerzo por liberalizar mercados

De un año a esta parte, la situación económica da muy pocas alegrías al vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes. Ayer, sin embargo, las palabras del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, llevaron al vicepresidente económico a esbozar media sonrisa. A sus oídos, afirmaciones como que "España ha hecho bien los deberes, la crisis habría sido mucho peor si no se hubiese avanzado tanto en las reformas", sonaron a música celestial.

Las elogiosas declaraciones de Gurría partían de las conclusiones de un estudio que la OCDE hace cada cinco años para evaluar el grado de competencia en los mercados de sus 30 países miembros. Los expertos del organismo internacional sintetizan en indicadores cómo regula cada Gobierno la actividad económica, qué trámites exigen a las empresas para su creación y desarrollo o qué condiciones ponen a la circulación de capitales extranjeros.

Solbes remite el debate sobre los costes laborales al diálogo social

"En los últimos 10 años, España ha llevado a cabo un profundo, amplio y sostenido proceso de reformas que ha vuelto a sus mercados más abiertos a las presiones competitivas", concluye el informe. Los expertos de la OCDE detallan además que el Ejecutivo español mantuvo ese rumbo también en los últimos años, cuando en la mayor parte de los países avanzados "la velocidad de las reformas disminuyó". Una apuesta que se traduce en que España fue el país de la OCDE que más posiciones adelantó (del puesto 19º en 2003 al séptimo en 2008) en el indicador que sintetiza los esfuerzos por aligerar la regulación.

En el haber de la economía española, la OCDE destaca la liberalización de los mercados del gas, la electricidad y las telecomunicaciones, superando "en ocasiones con creces", las exigencias de la UE. También valora que se hayan reducido los límites a la adquisición de acciones de empresas públicas por extranjeros o se hayan eliminado barreras no arancelarias al comercio. Y alaba la puesta en marcha de ventanillas únicas o de la generalización del silencio administrativo en los trámites, una conclusión discutible, a tenor de las reiteradas críticas de las patronales empresariales.

No todo fueron alabanzas. La OCDE cree que la Comisión Nacional de la Energía no tiene suficiente independencia, considera que las cargas administrativas a las nuevas empresas son demasiado elevadas, que la regulación del comercio debe ser menos restrictiva o que se dificulta el acceso al ejercicio de profesiones liberales.

Solbes recalcó que casi todos los asuntos pendientes se han incluido en el nuevo paquete de reformas que impulsa el Gobierno. Y se dio un plazo de "semanas" para presentar los proyectos de ley que adaptan la directiva de servicios, con varios de esos cambios regulatorios.

La presentación del informe compartió protagonismo con el debate sobre el abaratamiento del despido suscitado tras un discurso del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Solbes sostuvo que el gobernador "en ningún caso se refirió al despido libre" y achacó la polémica a "titulares concisos" sobre un "tema muy complejo". El vicepresidente insistió en que cualquier reforma debe ser refrendada por el diálogo social.

Gurría tiró del recetario clásico de la OCDE. "Los países con un menor coste de contratación y despido tienden a favorecer la creación de empleo. Ahora más que nunca, es necesario avanzar en esas reformas", afirmó.