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Los escándalos que afectan al PP

El urbanizador del PAI que Ulibarri ejecuta en Rocafort no avaló la obra

Urbanite tiene entre sus socios a miembros de la familia Serratosa Caturla

El Programa de Actuación Urbanística (PAI) El Bovalar de Rocafort, que construye una de las sociedades del empresario José Luis Ulibarri, investigado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, está en marcha pese a que la empresa urbanizadora, Urbanite, SL, no depositó en su día el aval al que obliga la legislación. La falta de este trámite impidió que el Registro de la Propiedad lo inscribiese en su día, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. "En el proyecto no se acreditan los avales que debe prestar Urbanite, SL, al Ayuntamiento de Rocafort, garantizando la urbanización", dice la certificación del registro.

El plan residencial El Bovalar ha tenido, como tantos otros proyectos, una tramitación controvertida. El proyecto afectaba, de acuerdo con el planteamiento original, a unos 150.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable y preveía la construcción de 550 viviendas en un municipio de 6.000 habitantes. Urbanite, SL presentó el PAI al consistorio presidido por el PP en mayo de 2003, poco antes de los comicios locales. El coste se estimó en un principio en 7,7 millones de euros, que tras unas modificaciones se elevó a 9,1 millones. El agente urbanizador, Urbanite, SL, está participado por varias empresas vinculadas a la familia Serratosa Caturla. Entre los accionistas están Inmobiliaria Electra, la concesionaria Divesa, Bancolor o Serca Inversiones.

La Declaración de Impacto se dio a conocer un año después de dictarse

La corporación municipal surgida de las urnas, con el popular Sebastián Bosch al frente, lo aprobó provisionalmente dos meses más tarde y lo adjudicó a la sociedad de los Serratosa. Casi tres años después, el 6 de marzo de 2006, fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat, con Rafael Blasco todavía de consejero. El 28 de abril de ese año la corporación municipal de Rocafort, que gobierna el PP con mayoría absoluta, lo ratifica.

El grupo municipal socialista y el partido en Rocafort presentaron recursos de reposición y de alzada -en junio y julio de 2006- contra la aprobación del PAI ante la alcaldía y ante la consejería, que había pasado a manos de Esteban González Pons, ahora portavoz del PP nacional. Entre otros motivos, los socialistas denunciaron que el proyecto no reservaba suelo para la construcción de viviendas protegidas.

Ninguno de los dos salió adelante. La Declaración de Impacto Ambiental, preceptiva para que el proyecto recibiese luz verde de la Generalitat, se produjo en octubre de 2005, pero no se hizo pública hasta un año después, señalan fuentes municipales de Rocafort. Precisamente en ese periodo se aprobó y se adjudicó con carácter definitivo el PAI.

La única institución que logró paralizar el proyecto urbanístico promovido por Urbanite y que ejecuta la empresa de Ulibarri fue Ayuntamiento de Godella, que impugnó la reparcelación del proyecto ante el Tribunal Superior de Justicia por la canalización de un barranco.

Una parte de El Bovalar está sobre terrenos que hasta el año 1996, en que se efectuó el deslinde, pertenecían al término municipal de Godella. Ese Ayuntamiento alegó que la urbanización podría crear a Godella problemas de inundabilidad y además se veía afectado por las obras de encauzamiento en el barranco dels Frares.

En abril de 2008, la sala de lo contencioso-administrativo número 2 de Valencia adoptó como medida cautelar la paralización de las obras. El urbanizador recurrió y tras seis meses de parón, el tribunal permitió que se reanudasen los trabajos en parte del programa urbanístico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de febrero de 2009