Reportaje:Economía global

Obama reta a la recesión

EE UU trata de salvar su economía con un plan de 800.000 millones de dólares

Barack Obama visitó el jueves la planta que la multinacional de la maquinaria Caterpillar tiene en East Peoria (Illinois). El presidente de EE UU no pasaba por allí de casualidad. Está de campaña vendiendo su gigantesco plan de reactivación económica, y qué mejor plataforma que la de Caterpillar, que acaba de anunciar el despido de 20.000 empleados, forzada por la gravedad de una crisis que ya es global. Y, además, en el Estado al que Obama representó como senador, uno de los que más sufre la degradación de empleo.

El reto es enorme, en escala y objetivos. Así definió Obama el panorama económico que tiene EE UU ante sí tras 14 meses de recesión profunda, que se teme será prolongada. Para plantarle cara, movilizará 800.000 millones de dólares, de los que el 64% será inversión pública, y el 36%, incentivos fiscales. Así espera que compañías como Caterpillar empiecen a contratar y crear 3,5 millones de empleos en dos años.

El 64% del dinero será inversión pública, y el 36%, incentivos fiscales
Para lograr el apoyo de algunos republicanos se han hecho concesiones

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Ahora llega lo difícil: hacerlo funcionar. No hay signos de estabilización a la vista. La economía estadounidense se contrajo un 3,8% en el cuarto trimestre de 2008 arrastrada por la caída del consumo y de la inversión, algo que no se veía desde 1982. La tasa de paro está en el 7,6%, la más alta de los últimos 17 años, y se teme que se acerque al 9% tras los masivos recortes de plantilla anunciados desde diciembre. Desde que Obana ganó las elecciones presidenciales, las grandes empresas de Estados Unidos han anunciado más de 600.000 despidos. Y en el sector inmobiliario siguen los desahucios y el desplome de precios.

Por todo esto, economistas como los de la gestora de fondos Pimco, del grupo Allianz, hablan de "minidepresión", de una crisis a medio camino entre el colapso vivido en los años treinta del siglo XX y la fuerte recesión de comienzos de los setenta. Nadie duda de que el plan de estímulo económico proveerá algún tipo de alivio a la economía doméstica. La pregunta es si esta movilización de recursos, pactada esta semana por el Congreso de EE UU y la Casa Blanca, contribuirá a sacar al país -y de paso al mundo- de la recesión.

En menos de un año, EE UU ha promulgado tres leyes diseñadas bien para estimular la economía o para salir al rescate del sector financiero. El verano pasado se movilizaron 152.000 millones de dólares para incentivar el consumo y en otoño se autorizaron 700.000 millones más para estabilizar los bancos. Esta semana se han pactado los términos del tercer paquete, cuyo montante equivale al 5,6% del PIB o al 10% del consumo anual en este país.

Si este dinero se diera directamente a los estadounidenses, cada ciudadano recibiría 2.600 dólares. En total, el plan supera los 595.000 millones gastados en la guerra de Irak y, en términos relativos, es similar al Plan Marshall (5,4% del PIB en 1947). La oficina presupuestaria del Congreso de EE UU habla de una horquilla de creación de empleo de entre 1,3 millones y 3,9 millones de puestos de trabajo. Si se toma como referencia el punto medio, cada empleo creado habrá costado 303.850 dólares.

En el plan de estímulo económico hay un poco para cada uno, aunque, para lograr los apoyos mínimos en el ala republicana (y entre demócratas conservadores), Obama ha tenido que aumentar más de lo que pensaba los incentivos fiscales. La idea es destinar unos 29.000 millones de dólares a proyectos de modernización de carreteras y puentes, 18.000 millones al suministro de agua potable, 16.400 millones a medios de transporte y 5.000 millones a la mejora de edificios. Se mantiene la cláusula que anima a consumir productos made in USA, aunque no se podrán violar las reglas de comercio internacional.

Obama también quiere destinar una porción de tan enorme tarta al sector energético, con incentivos por valor de 20.000 millones para fomentar el ahorro y el uso de fuentes renovables como la solar o la eólica frente a los combustibles fósiles, y 30.000 millones para modernizar la red eléctrica. La industria de alta tecnología recibirá importantes subsidios para ampliar la red de banda ancha en las zonas rurales y para que hospitales y médicos digitalicen los registros de sus pacientes.

El principal objetivo de Barack Obama es combatir el paro. La ley de estímulo económico contiene una provisión para ayudar a los desempleados a sobrevivir durante la crisis, ampliando los subsidios y dando ayudas para los seguros médicos. Pero algunos economistas críticos con el plan temen que esta medida, que requerirá unos 59.000 millones, no frenará los despidos ni animará a las empresas a firmar nuevos contratos.

Al mismo tiempo se concederán rebajas fiscales a trabajadores de clase media (aquellos que ganan menos de 75.000 dólares al año) por un valor de 400 dólares para los contribuyentes individuales y de 800 dólares para las parejas. Las pequeñas empresas también se llevarán su parte, ya que el plan prevé que puedan compensar sus pérdidas con una reducción de impuestos. Y habrá también deducciones para la inversión en bienes de equipo.

Otra partida importante del plan irá destinada al sector de la salud y a beneficios sociales para pensionistas, discapacitados y veteranos de guerra. Las familias en dificultades recibirán ayuda para comprar alimentos.

Otro pilar de la acción de Obama es el apoyo a la educación, sector al que se destinarán fondos para modernizar las escuelas públicas, para fomentar la investigación y para conceder becas a los estudiantes con menos recursos.

Los Estados tenían puestas muchas esperanzas en el plan de rescate para poder pagar a sus funcionarios y mantener los servicios. El colapso inmobiliario, la congelación del crédito y la recesión están provocando una caída de los ingresos vía impuestos y disparando el déficit. El balón de oxígeno para ellos no es tan generoso; aun así, contarán con un fondo de estabilización fiscal dotado con 53.600 millones. Hay en total 41 Estados con problemas.

El paquete de estímulos también va a ayudar a las empresas constructoras por la vía de la concesión de créditos a la compra de vivienda nueva. Esos incentivos serán ahora mucho más modestos que lo previsto en un principio. Y también ha caído un jarro de agua fría sobre los fabricantes de automóviles, que esperaban que los incentivos fiscales ayudaran a reanimar la alicaída demanda. Aquí se ha metido también la tijera y la ayuda será modesta.

¿Será todo esto suficiente? Todo el mundo está de acuerdo en que el primer paquete de estímulo tuvo un impacto limitado, que se evaporó con el colapso del banco de inversión Lehman Brothers. El nuevo paquete es cinco veces mayor y, más allá del debate político, se espera que sea realmente efectivo pasado un año, cuando los incentivos fiscales tengan efecto.

"Es un buen plan", señalan desde Moddy's. Pero los economistas de la agencia de calificación de riesgo creen que "no es lo suficientemente bueno" como para recuperar tan rápido los 3,6 millones de empleos perdidos desde que comenzó la recesión. De hecho, la clave estará en ver hasta qué punto las inversiones y ayudas fiscales contribuyen a fomentar el consumo. La Reserva Federal ya alertó, además, de que la destrucción de empleo continuará hasta el año próximo, lo que significa que la tasa de paro seguirá por encima del 8% durante 2010, incluso si la economía crece al 2% del PIB.

Lo que tienen claro los analistas de Global Insight es que, más allá de cuándo se sientan los beneficios del plan, sin estos estímulos la contracción será más prolongada. Muchas voces piden a la vez a Washington que se vaya preparando para hacer frente al elevado déficit presupuestario que se derivará de este gasto tan enorme. El negativo en las cuentas públicas asciende ya a 569.000 millones de dólares y se estima que el año se cierre con 1,2 billones en rojo. Esta cantidad no tiene en cuenta el esfuerzo financiero del plan ni los compromisos en Irak y Afganistán, que serán, un año más, cuantiosos. -

Cómo salvar la banca

El éxito del paquete de reactivación económica de Barak Obama depende en gran medida de la rapidez con la que se estabilice el sistema financiero. El presidente de EE UU y su secretario del Tesoro, Timothy Geithner, reiteraron esta semana que el Gobierno es el único con los recursos necesarios para romper el círculo vicioso que lleva a la destrucción de empleo. Pero dejaron claro que no lo pueden hacer todo, y que el sector privado debe implicarse.

Con este principio de fondo, Geithner presentó las líneas maestras de su estrategia para utilizar la remanente de 350.000 millones del fondo de estabilidad financiera. Su objetivo: romper el coágulo que atora el mercado de crédito sacando los activos tóxicos que contaminan los balances de los bancos. Un proceso de limpieza que debe ir acompañado por el capital privado, a la hora de poner precio y comprar la deuda de mala calidad.

La misión es compleja. Primero, los bancos serán sometidos uno a uno a una rigorosa "prueba de estrés". El propósito de esta medida es identificar las entidades que pueden seguir recibiendo inyecciones públicas en caso de necesidad sin que eso suponga un riesgo para el dinero del contribuyente. Esto, en la práctica, lo que hace es separar los bancos solventes, con un balance robusto y limpio, de los que no. Y podría acelerar una ola de concentración en el sector.

Segundo, se plantea crear una plataforma o fondo que facilite la venta de la deuda tóxica que contamina los balances de los bancos. Y se ofrecen en paralelo garantías para respaldar las pérdidas que puedan sufrir esos activos. Con este mecanismo, que está aún en fase de diseño, pretende establecerse una especie de asociación público-privada que podría animar la participación de grandes gestores de fondos como Warren Buffett o George Soros. La idea de Geithner es que este programa para comprar activos tóxicos arranque con medio billón de dólares, aunque podría doblarse.

En tercer lugar, se inyectarán 100.000 millones en la Reserva Federal para que expanda sus reservas y se destinará un billón de dólares a ampliar el mecanismo destinado a abaratar el crédito al consumo y al pequeño negocio.

Y cuarto, se destinarán 50.000 millones a frenar los desahucios y la caída del valor de la vivienda. J

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 14 de febrero de 2009.

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