Activos tóxicos

De la operación Gürtel emprendida por el juez Baltasar Garzón y desvelada por este rotativo quedan todavía muchas preguntas por responder e imputaciones por sustanciar. Esto es, que no están empapelados por ahora todos los que son ni seguramente son todos los que están. En consecuencia, a pesar de la abundante y consistente información conocida, sería temerario evaluar el alcance penal y político de esta convulsión delictiva que tiene sus epicentros en las comunidades autonómicas madrileña y valenciana. Por el momento, junto a los graves cargos que se formulan -cohecho, fraude, blanqueo de capitales, asociación ilícita y etcétera-, resulta lógica, al tiempo que tan desmelenada como en ocasiones patética, la exculpación de los gobernantes populares involucrados. En el caso de la Generalitat merecen glosarse algunos de estos aspectos mientras llega la hora de establecer responsabilidades.

Algo más que amenazar habrán de hacer para persuadirnos de que no son una 'calamity'

En tal sentido, resulta llamativo por su hallazgo metafórico que el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, haya descrito como "relación tangencial" la mantenida con la empresa Orange Market y sus administradores, cuando, a la vista de tanta familiaridad, sólo le ha faltado a la Generalitat cohabitar con los encausados y ni se sabe la cantidad de millones del erario que se ha embolsado esta firma y sus asociadas debido a las relaciones privilegiadas con los entes públicos. Un entramado mercantil con aires británicos -la coentor no es patente nuestra- por la denominación inglesa de sus compañías y que más parece un enjambre de pícaros, parásito de la Administración allí donde tiene vara de mando la derecha. En cierto modo este episodio ha venido a ser para el PP lo que los activos tóxicos para las finanzas: un negocio facilón aparentemente sin riesgos que, sin embargo, bien puede acabar con su crédito.

Ante un estallido tan escandaloso los prohombres del PP, en sintonía con sus cofrades de Madrid, han amenazado con sentar en el banquillo a quien ose mancillar la honorabilidad del partido o de alguno de sus miembros. No creemos que nadie se aventure a desafiar las iras de tan honorables siglas y gentes siendo así que, en este trance y como observa la diputada de Compromís, Mónica Oltra, ellas mismas, mediante sus gestores, se están socavando el prestigio. Sólo falta que se alumbre una nómina beneficiaria de las "dádivas y sobornos" que el mentado magistrado menciona en sus diligencias. Por el momento únicamente hay unos cuantos encausados y los "cuatro chorizos" a que alude el ex consejero Esteban González Pons en un intento de separar el trigo de la paja. Pero solo se está al comienzo de las averiguaciones y las sospechas se acrecen en proporción al hermetismo que practican los jerifaltes populares, a quienes no debe llegarles la camisa al cuerpo.

Pero lo más grave de este asunto a nuestro entender no son las irregularidades y complicidades que puedan darse -y que de hecho se han constatado- sino el papel de paletos que ha desempeñado el PP valenciano, desde su presidente Francisco Camps hasta el último de los implicados, rendido a las zalamerías de unos conseguidores que encontraron en esta comunidad su tierra de promisión. Algo más que callar, amenazar y sacudirse las pulgas habrán de hacer para persuadirnos que no son una calamity o algo peor.