Propuestas inoportunas

El Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, han coincidido durante los últimos días en proponer una reforma del mercado laboral, con especial insistencia en el abaratamiento del coste del despido. El argumento del Banco de España, que compite en ortodoxia con el servicio de estudios de la CEOE, es que el sistema actual, con un coste de entre 20 y 45 días por año, desincentiva la creación de empleo y no estimula el crecimiento de las empresas más competitivas. Las razones de fondo del presidente de la CEOE son similares, aunque ayer lanzó una propuesta encaminada a unificar la contratación para que se reduzca la temporalidad.

No es de extrañar que el Gobierno haya visto la oportunidad de beneficiarse políticamente rechazando la propuesta de abaratar el despido. Porque tal discurso puede parecer, en estos momentos, innecesario e inoportuno. Después de que en 2008 se hayan destruido más de 600.000 empleos y las previsiones más optimistas indiquen que este año habrá 850.000 nuevos parados, la percepción generalizada entre la opinión pública se inclina a considerar que el despido en España no tropieza con grandes dificultades. Puede argumentarse que es más caro que en los países de su entorno, con los que se compite en los mercados; pero como el 30% de la contratación en España es temporal y su coste de despido es muy inferior al que se aplica en la contratación fija, es fácil deducir que el coste real del ajuste de empleo está por debajo del que se desprende de aplicar el abanico teórico de los 20 a 45 días por año trabajado.

La reforma del mercado laboral resulta necesaria, pero requiere más reflexión que discursos genéricos y declaraciones apresuradas. Y, sobre todo, debe hacerse cuando sea beneficiosa para los empresarios y los trabajadores; es decir, cuando existan expectativas de creación de nuevo empleo. Un abaratamiento del despido en estos momentos tendría si acaso como consecuencia un indeseable aumento de los ajustes de plantillas, pero tendría escaso efecto en favorecer nuevos empleos. Porque es la actividad económica la que crea puestos de trabajo y no las regulaciones sobre este o aquel aspecto del mercado. Por cierto, para que esa actividad se recupere, una receta muy aconsejable es que la banca vaya normalizando la corriente del crédito.

El problema principal del mercado de trabajo es su carácter dual. Por una parte, trabaja con contratos fijos una población defendida por los sindicatos mayoritarios; por otra, trabajan cuando pueden centenares de miles de jóvenes muy preparados, con contratos temporales y sin protección sindical. Sus despidos cuestan apenas ocho días por año y rara vez llegan a cumplir ese plazo. Cuando toque, la reforma tendrá que acabar con esa dualidad. Entre otras cosas, porque los jóvenes castigados hoy por los contratos basura son los que deben aportar a la economía española la mejora en competitividad.