El PP suspende el expediente a la alcaldesa campista de Ibi

Tregua momentánea en la guerra del PP en Ibi (Alicante) donde la alcaldesa, Mayte Parra, afín al presidente del Consell, Francisco Camps, destituyó a la edil Felicidad Peñalver, afín al presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll. Las partes enfrentadas se reunieron ayer con el presidente provincial para "abrir vías de diálogo y de entendimiento". Con este objetivo, la dirección provincial del PP, que controlan los ripollistas, decidió dejar "en suspenso" el expediente informativo abierto sobre la expulsión de Peñalver, enviada al grupo no adscrito. "Las cosas no eran como se pintaban" admitió Peñalver, que por ahora no tiene previsto volver al equipo de gobierno. La concejal expulsada denunció presuntas irregularidades urbanísticas y de gestión durante el mandato de Parra que confía en que "se investiguen".

Fuentes del PP explicaron que tanto el aparato ripollista como el campista "necesitan algo de paz en medio de tanto lío", ya que durante las últimas semanas las tensiones entre los ediles populares en varios municipios alicantinos se han ido sucediendo. En Cocentaina, dos concejales han sido expulsados por votar con los socialistas las obras del Plan Zapatero, y en Villena los tres ediles campistas enfrentados con la alcaldesa ripollista, Celia Lledó, abandonaron la comisión el lunes sin votar alegando falta de información de las obras del Plan Zapatero.

La Fiscalía investiga

Por otro lado, la Fiscalía de Alicante ha abierto diligencias informativas contra la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, tras la denuncia presentada por el empresario José Gimeno, que le acusa de presuntos delitos de prevaricación y trato de favor en la adjudicación de un plan urbanístico. Esta decisión del ministerio público fue anunciada ayer por el fiscal-jefe en funciones de Alicante, José Antonio Romero, quien explicó que la denuncia presentada por este empresario está relacionada con la adjudicación del Plan de Acción Integral (PAI) del Alamí. Gimeno ya presentó el pasado mes de noviembre una querella por los mismos hechos que el juez no admitió a trámite. El querellante ha recurrido la decisión del juez a la Audiencia de Alicante.

La urbanización del Alamí fue adjudicada a La Generala por 18,7 millones de euros, a pesar de que había otras ofertas inferiores, entre ellas la presentada por una agrupación de propietarios, por siete millones de euros.