Un experto contratado por Mijas plantea regularizar casi todas las viviendas ilegales

Un experto aconseja reclasificar todo el suelo de las 8.000 viviendas irregulares de Mijas (Málaga), excepto de las que ocupen suelos protegidos. En un informe, encargado por el Ayuntamiento mijeño, el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Jesús Jordano aconseja al gobierno municipal, del PSOE, que firme un acuerdo con la Junta de Andalucía para regularizar las viviendas. También le sugiere que inicie un plan de inspección centrado en el lucro derivado de las construcciones ilegales y deje al margen las viviendas de primera residencia.

Para empezar, el jurista ha aconsejado al consistorio que haga un catálogo de viviendas irregulares, como se hizo en ocho municipios del Valle de Almanzora (Almería), donde hay unas 5.000 construcciones. Una vez hecho, propone que las viviendas aisladas en suelo no urbanizable se reclasifiquen en "suelo no urbanizable de hábitat rural diseminado" y que las viviendas en suelo no urbanizable que estén agrupadas pasen a ser "suelos urbanos no consolidados". Este cambio supondría la regularización de las casas ilegales. Mijas tiene unas 300 construcciones insalvables, según cálculos municipales.

El experto aboga por que cesen las sanciones a los dueños de viviendas ilegales que no han ejecutado los derribos ordenados por el Ayuntamiento. "No procede instar a la legalización y la subsiguiente imposición de multas coercitivas", opina Jordano. La suspensión de los procedimientos sancionadores abiertos puede abordarse en los convenios de colaboración que el Consistorio debe impulsar, y en los que deberían participar los afectados, como ocurrió en otros municipios.

Desde hace un año, unos 2.000 propietarios de viviendas irregulares con expedientes de demolición abiertos reclaman una solución para legalizarlas sin recurrir a los derribos. El Consistorio mijeño ordena la demolición, y la negativa les supone una multa por el 10% del valor de tasación de su casa. El concejal del PP Manuel Navarro alabó que el informe defienda la suspensión de los expedientes, algo que la oposición ya propuso en julio.

El informe deja claro que la solución definitiva "escapa del propio Ayuntamiento", porque los procesos de regularización se incluyen en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y sobre estos documentos tiene la última palabra la Junta de Andalucía. Aún así, propone "soluciones puente" para reconducir el problema hasta que se apruebe la revisión del PGOU.

Entre ellas está la posibilidad de legalizar "como actuaciones de interés social" las viviendas diseminadas construidas antes de 2005, fecha en la que entró en vigor la Ley de Vivienda y Suelo, aplicándoles criterios similares a los de concesión de viviendas de protección oficial. Jordano subraya que la opción no tiene jurisprudencia en contra, aunque sí riesgos. "No debe ser emprendida sin el consenso de la Junta por elementales razones de seguridad jurídica", considera el jurista.