Madrid desoyó peticiones del Defensor del Pueblo sobre centros de menores

Dos comunidades autónomas, Madrid y Castilla-La Mancha, han sido acusadas de inacción en el caso de las irregularidades en centros de protección de menores, destapado por el Defensor del Pueblo a través de un exhaustivo informe que revela castigos crueles y trato humillante a niños con problemas psicológicos tutelados por las Administraciones. El Gobierno regional madrileño, que ya había recibido distintas denuncias de víctimas, retrasó una información demandada por el Defensor al respecto durante casi todo el año 2007. Y el castellano-manchego no actuó después de informes de sus trabajadores de los departamentos de menores, que vieron irregularidades en un centro.

La Comunidad ignoró durante siete meses las peticiones del Defensor sobre el centro La Jarosa, que estaba siendo investigado por la institución. Sólo contestó cuando ya había cerrado el lugar, uno de los más "bestias y siniestros", según todos los expertos, incluidos algunos de la propia Administración. La respuesta de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales aseguraba que se había rescindido el contrato con la empresa adjudicataria, la Fundación O'Belén. Ya no había lugar a la investigación.

Castilla-La Mancha recibió en 2006 un informe sobre las irregularidades

Lo que no especificaba es que el "cierre" del lugar no fue más que un traslado a un sitio más grande. "Se les rompe el contrato por temas urbanísticos, no por otras circunstancias. Es obligatorio por ley, y si no había que pagarles", dice un portavoz de Asuntos Sociales, al tiempo que desmiente la tardanza en responder al Defensor: "Se les contestaba cada mes, pero ellos pedían entonces más". De las cartas del Defensor no se deduce en absoluto esa explicación. Otra residencia de Madrid, Picón del Jarama, fue la única que se negó a dejar entrar a los investigadores alegando que "los niños estaban alborotados por Navidad".

Los ocho niños que vivían en La Jarosa y muchos de sus trabajadores se marcharon en bloque a Picón de Jarama, uno de los centros peor parados en el informe y también gestionado por O'Belén. En ambos centros, La Jarosa y Picón, se castigaba a los niños a través de "las contenciones" (dejar al joven inmóvil en el suelo), se les obligaba a estar desnudos en cuclillas o se les encerraba durante días mientras se autolesionaban u orinaban encima, según múltiples testimonios de niños, ex trabajadores y madres de acogida o biológicas de los muchachos. El centro de Picón, una vez absorbido el de La Jarosa, alberga más de 40 niños. Es el centro de este tipo más grande de España, con el doble de menores que los siguientes, que acogen a 22. El contrato es de 5.0053.524 euros por cuatro años.

Pero la de Madrid no es la única Administración autonómica de la que hay constancia de que se conocían los problemas de los centros ubicados en su territorio. En marzo de 2006, los trabajadores del Servicio de Menores de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno manchego mandaron un "informe" a sus superiores. El objeto de estudio es el centro Nuestra Señora de La Paz, en Villaconejos (Cuenca). Esta residencia es una de las más criticadas por el extenso informe del Defensor. Es muy corto. Pero demoledor. Dice cosas como que "impresionan los deterioros, en algunas habitaciones se han quitado los bidés pero los agujeros permanecen, y sorprende el mal olor". Eso, en cuanto a condiciones "estructurales". Pero sigue. "No hay sistema de llamada entre las habitaciones y los educadores, situación especialmente peligrosa". Y prosigue con la célebre sala de contención. Un cubículo forrado de goma que "debido a su iluminación y color, negro, produce una privación sensorial añadida".

Sus observaciones siguen diseccionando de modo muy negativo cada metro cuadrado del lugar, preguntándose por qué no hay personal de mantenimiento "sin menoscabo de las tareas que realizan los menores para dicho fin". Las conclusiones son demoledoras. "Se debe hacer visitas mensuales al centro para tratar no sólo aspectos ambientales, sino de carácter metodológico, así como de funcionamiento y coordinación".

La Consejería de Bienestar actuó mandando una misiva al centro, a Emilio Pinto, presidente de la Fundación O'Belén, pidiéndole las mejoras y, según ellos, inspeccionando el lugar con frecuencia. Pero en 2007 y 2008 cuando fue el Defensor seguía igual, o se había vuelto a romper. Aún existe la sala negra de contención, "pero su uso es restringido". La Consejería dice que poco a poco se ha ido arreglando con sucesivas subvenciones y que el centro "está en perfectas condiciones".