Materia para investigar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aceptado crear en la Asamblea autónoma una comisión de investigación sobre los casos de espionaje a altos cargos de su Gobierno y del Ayuntamiento de la capital, como había solicitado la oposición. De los tres niveles posibles de investigación (judicial, interna y parlamentaria), dos son ineludibles: la depuración de responsabilidades penales, derivadas de un caso de vulneración de derechos fundamentales, y la depuración de responsabilidades políticas, que tiene como marco idóneo el Parlamento.

La investigación judicial está en marcha (tan lenta y desganada que parece esperar el pretexto para ser cerrada). La interna tuvo sentido como gesto de autoridad de Rajoy, pero la experiencia invita al mayor escepticismo: sería la primera vez que un partido investigándose a sí mismo aclarase responsabilidades concretas, como se vio en la creada hace 20 años con ocasión del caso Naseiro (sobre financiación irregular del PP), encargada al hoy alcalde Ruiz-Gallardón y que se utilizó para librar de responsabilidad a Aznar. Además, en una comisión interna pueden rehusar declarar protagonistas que no sean miembros del PP, lo que limita por definición el alcance de la indagación.

Si se trata de desvelar lo que permanece oculto (quién, por orden de quién, con qué fondos) y de establecer las responsabilidades políticas que de ello deriven, puede hacer mucho una comisión parlamentaria, pues garantiza la presencia de la oposición y reglas prefijadas. Es cierto que también hay antecedentes que avalan la desconfianza, sobre todo si el partido gobernante tiene mayoría absoluta. Pero hay que coger la palabra a Aguirre: si no tiene nada que ocultar y es la más interesada en que resplandezca la verdad, como ha dicho, que lo demuestre. Su grupo no debe neutralizar la investigación con cortapisas a las comparecencias, limitaciones de tiempo o negativas a la entrega de documentos y datos que se reclamen.

Será difícil que aparezca la orden expresa de espiar, pero los resultados están ahí: los informes de seguimientos con referencias nominales a miembros de la Consejería de Interior. Dilucidar las responsabilidades políticas pasa por que alguien responda por los informes: quién dio la orden de hacerlos y quién los conocía. Si detrás de los dossiers personales hay una trama de corrupción relacionada con la contratación pública o prácticas nepotistas, entra dentro de lo que hay que indagar. Sin acusaciones no respaldadas por indicios, pero también sin bloqueo por parte de la mayoría.

En contra de lo que Aguirre y algún miembro de su Gobierno pretendió inicialmente, cargando contra el mensajero, sí hay materia para investigar. Tanta, que debería renunciar a cualquier tentación de convertir la comisión en un simple expediente para ocultar las explicaciones que debe a los ciudadanos. No es (sólo) una cuestión interna, sino un problema democrático lo que está sobre la mesa.