"Somos médicos, no espías"

Los médicos, enfermeros y ONG están en pie de guerra contra el Gobierno. No quieren que el Parlamento apruebe una enmienda que obligaría a los profesionales de los hospitales a denunciar a los inmigrantes sin papeles que acudan a las urgencias. "Esta orden va a crear miedo y hostilidad", advirtió ayer Kostas Moschochoritis, director general de Médicos Sin Fronteras de Italia.

Ante la sede del Parlamento, estos colectivos protestaron ayer contra la enmienda, que analiza desde hoy el Senado y que está incluida en el llamado Paquete de Seguridad. Médicos Sin Fronteras (MSF) cree que la norma "reducirá al mínimo la atención sanitaria a los sin papeles y creará serios problemas de salud pública".

La enmienda que pretende aprobar la mayoría parlamentaria del Pueblo de la Libertad modificará el apartado 5 del artículo 35 del actual Texto Único sobre Inmigración, aprobado en 1998. Dicho artículo estipulaba que el acceso de los extranjeros sin permiso de residencia a las estructuras sanitarias "no podía" comportar "ningún tipo de indicación a la autoridad por parte de médicos y sanitarios". La idea era garantizar a los inmigrantes el acceso a la sanidad "en paridad de condiciones con el ciudadano italiano".

La desaparición de esa caución, añadida en comisión parlamentaria al borrador del Decreto Ley que contiene el llamado Paquete de Seguridad preparado por el ministro del Interior, Roberto Maroni, aumentará según los médicos "el riesgo de denuncia o comunicación durante la prestación sanitaria". La primera consecuencia, advierten, es que "el inmigrante sin papeles que necesite atención médica sentirá miedo y desconfianza, y eso obstaculizará su acceso a la sanidad".

Diversas asociaciones médicas humanitarias y un centenar de entidades sociales se han adherido a un manifiesto de MSF, que gestiona 35 ambulatorios para extranjeros y desde 2003 ha atendido a 18.000 pacientes en Italia. Según esta ONG, la medida contribuirá a la "peligrosa marginación de una parte de la población extranjera", y aumentará "los factores de riesgo para la salud colectiva".

La Comunidad de San Egidio y otras organizaciones católicas que se ocupan de inmigrantes han mostrado su indignación por la norma, que en teoría cuenta con mayoría suficiente para salir adelante. Marco Impagliazzo, presidente de esa comunidad, cree que "es discriminatoria y probablemente inconstitucional". "El derecho a la sanidad en Italia siempre ha sido universal", recuerda, "pero la nueva filosofía del Gobierno consiste en reprimir derechos y dificultar la integración". De aprobarse, la norma "fomentará las situaciones de explotación y multiplicará la aparición de sistemas paralelos de salud, como ya hemos visto en casos de inmigrantes chinos".

Maroni, dirigente de la Liga del Norte, trata así de reducir la presencia de sin papeles en Italia. Las organizaciones de inmigrantes calculan que en Italia hay ya cuatro millones de extranjeros, y, de ellos, entre 350.000 y 500.000 están sin papeles. Según las estimaciones de la ONU y la Comisión Europea, Italia necesita al menos 300.000 ingresos anuales de inmigrantes para mantener su nivel de renta y de demografía.