El fiscal apoya el proceso abierto por la Audiencia al ex ministro israelí

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no recurrirá la decisión del juez Fernando Andreu de abrir un procedimiento contra el ex ministro de Defensa de Israel Benjamín Ben-Eliezer por los bombardeos de Gaza en 2002. La Fiscalía considera que aún está vigente la argumentación del informe que emitió el pasado mes de julio, según el cual, la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar la matanza de 14 civiles en el atentado contra un líder de Hamás. Se basa en la doctrina establecida a propósito de las investigaciones sobre el genocidio en Guatemala. El caso de Israel, según la Fiscalía, encaja con los presupuestos que permitieron a la Audiencia Nacional seguir adelante con la investigación sobre Guatemala.

El juez espera la traducción del informe sobre el proceso en Israel

En la investigación sobre Israel sigue habiendo un escollo que, en el futuro, sí podría paralizar el proceso penal. Se trata del procedimiento que, en teoría, se mantiene abierto en los tribunales de Israel sobre este caso.

En el momento en el que el juez Andreu abrió el procedimiento esta semana no había notificación oficial de la investigación en el tribunal israelí. Por eso, el fiscal no recurrirá la decisión del magistrado.

Sin embargo, la Embajada de Israel ha remitido con posterioridad un informe con el estado del procedimiento penal en aquel país. La notificación tiene que ser traducida y si con posterioridad se comprueba que hay un proceso en marcha en Israel el abierto en la Audiencia Nacional podría ser cerrado.

El procedimiento se ha abierto en aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé la competencia de los tribunales españoles sobre los delitos, cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, susceptibles de ser tipificados como genocidio o terrorismo. La aplicación de este precepto ha provocado problemas diplomáticos con otros países como China y, ahora, con Israel.

Para evitarlo, el Gobierno español transmitió esta semana al israelí su voluntad de modificar la ley para limitar estas competencias de la Audiencia Nacional. El Gobierno estudia desde hace años la reforma de este precepto, pero es a raíz de este caso cuando ha anunciado que promoverá "ajustes procesales".

La Cadena SER informó ayer de que la reforma que prepara el Gobierno pretende limitar la competencia de la Audiencia a aquellos casos que tengan "nexo de conexión" con España. Según la propuesta que estudia el ministerio de Mariano Fernández Bermejo, la Audiencia Nacional mantendría su jurisdicción en tres casos. El primero: que ciudadanos españoles fuesen los directamente perjudicados por los delitos sometidos a juicio.

También se mantendría la jurisdicción en caso de que los responsables de los crímenes se encuentren en España en el momento de su detención. Y un tercer apartado que abre un amplio capítulo de relaciones culturales o históricas que podrían también justificar la jurisdicción de los tribunales españoles.

El Gobierno asegura que la reforma no se aplicaría con carácter retroactivo, pero en derecho penal sí existe la retroactividad si favorece al inculpado. De hecho, la Constitución sólo establece la "irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables".