La guerra ideológica se libra en las aulas

De los tribunales sólo llegaban malas noticias para la Consejería de Educación desde hacía meses. Pero el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía lo ha cambiado todo. Los magistrados han rechazado mayoritariamente la objeción. La batalla de Educación para la Ciudadanía forma parte de la gran guerra ideológica que se está librando en los colegios e institutos de Andalucía. A un lado, la Administración educativa. Al otro, asociaciones conservadoras de padres y centros, sindicatos de profesores y hasta jueces. Estos son algunos de los frentes abiertos:

- Polémica por una asignatura. Unos 100.000 chicos y chicas estudian en Andalucía tercero de ESO, el curso en el que se imparte la asignatura Educación para la Ciudadanía. Alrededor de 600 familias de estos alumnos han pedido objetar y 182 han acudido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que les respalde, según los datos que maneja Teresa Jiménez, consejera de Educación. Y hasta este miércoles ese respaldo lo han logrado decenas de objetores gracias a las sentencias dictadas por la sala tercera de lo contencioso-administrativo del alto tribunal andaluz, de la que forman parte al menos dos magistrados vinculados al Opus Dei. El Supremo ha estudiado y tumbado los primeros autos que dictó el TSJA. Cuando su sentencia se haga pública lo previsible es que el Supremo revoque uno a uno el resto de autos favorables, con lo que quedaría desactivada la objeción. Pero ¿qué harán ahora los jueces del TSJA con los casos que todavía ellos no han juzgado?, se preguntaba esta semana Sebastián Cano, viceconsejero de Educación. ¿Seguirán la nueva doctrina del Supremo y rechazarán la objeción sin más?

Los sindicatos se oponen al adelanto del inicio del curso que quiere la Junta

El Programa de Calidad ha sido recurrido ante los tribunales

El letrado Carlos Seco, miembro del PP, ha sido uno de los que ha capitaneado la lucha contra Educación para la Ciudadanía en Andalucía. Dice que esta asignatura fomenta la "ideología de género" y el "relativismo moral". En esta batalla ha involucrado de lleno a su familia: una de sus hijas tiene una sentencia del TSJA que le permite no asistir a esta clase. Las hijas de Seco estudian en un colegio concertado religioso de Sevilla, en el que se imparte la doctrina moral de la Iglesia católica.

- Adelanto del curso. La Consejería de Educación se ha dado de bruces con los sindicatos en este caso. Mañana lunes volverá a reunirse con CC OO, UGT, ANPE, CSIF y SADI, que se oponen frontalmente a que se adelante el curso escolar. La Junta pretende adelantar el inicio de las clases en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial al 7 de septiembre y al 15 de septiembre para Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y otras enseñanzas. Las asociaciones de madres y padres apoyan la medida. Y los sindicatos -que lamentan que se les haya "echado a las familias encima"- argumentan que durante esos primeros días de septiembre es cuando preparan todo el curso. Al margen del conflicto laboral, este asunto también abre un debate ideológico: la obligación del Estado de favorecer la conciliación laboral y familiar, que es uno de los argumentos esgrimidos por Educación. Los sindicatos apoyan estas políticas, pero piden que los colegios estén abiertos todo el año aunque con una estructura paralela a la docencia.

- Plan de incentivos. El fracaso escolar es uno de los lastres más importantes de la educación. El Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares pretende abordar este problema a través de incentivos para los profesores de hasta 7.000 euros. Los sindicatos mayoritarios han apoyado finalmente el plan, aunque otras centrales (CGT y Apia) mantienen el rechazo. Otra organización, la Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía (Ustea), ha decidido recurrir el plan de calidad también ante el TSJA. Y en Educación hay cierta preocupación: la sala tercera de lo contencioso-administrativo ha sido la que se ha hecho cargo del asunto, la misma que ha respaldado la objeción a Educación para la Ciudadanía. Y la misma que el año pasado tumbó la política de la Junta de limitar del número de alumnos por aulas. En el fondo de este último asunto estaban los padres que quieren que sus hijos estudien en colegios concertados.

- Segregación por sexos. La Consejería de Educación también se ha topado aquí con los concertados. La nueva orden sobre los conciertos educativos establece que los centros que separen a chicos y chicas en las clases no recibirán dinero público, al considerarse una práctica discriminatoria. Once centros concertados mantienen todavía este modelo en Andalucía y, si se cumple la orden, estos colegios e institutos no podrán renovar el acuerdo con la Administración. Los representantes de los centros, la mayoría vinculados al Opus Dei, ya han anunciado que se plantean trasladar el problema también a la vía judicial. La Junta intentó imponer el sistema mixto en las aulas en 1999. Y de nuevo la sala tercera del TSJA tumbó la iniciativa en 2006. La diferencia ahora es que otro auto del Supremo respalda la potestad de las administraciones para suprimir la segregación en los centros sostenidos con fondos públicos.