Aguirre privatiza el asesoramiento judicial a mayores

El próximo marzo el Servicio de Orientación Jurídica de Mayores (SOJ) -que asesora a las personas de más de 60 años sobre sus derechos generales y asistenciales (pensiones, herencias o arrendamientos)- pasará a manos privadas. Por ese motivo el Colegio de Abogados de Madrid, que gestionaba el servicio desde su creación en 2003, impugnará el concurso público aunque ayer su portavoz no quiso confirmarlo. La opción al concurso se cerró hace una semana y los trámites serán en febrero.

El órgano colegial piensa que el procedimiento infringe el Decreto 86/2003, que regula la Asistencia Jurídica Gratuita en la Comunidad de Madrid, y la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita. Ambos textos, regional y estatal, dejan claro, en opinión de los letrados, que estos servicios deben ser gestionados por los colegios profesionales.

Fuentes de la Comunidad de Madrid explican, por su parte, que una nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde 2008, les obliga a sacar a concurso el SOJ. Los abogados, sin embargo, sostienen que el servicio no está dentro del ámbito de esta ley porque no es un servicio jurídico de o para la Comunidad de Madrid, sino para el ciudadano. En junio del año pasado -con la ley ya vigente- se firmó una cláusula de prórroga para 2009, que fue anulada en diciembre. El Gobierno regional, que dice estar satisfecho con la labor del colegio de abogados, no entiende por qué no ha optado al concurso.

El colegio profesional ve, sin embargo, varios inconvenientes en el concurso. Hasta ahora su independencia, dicen, era "absoluta", ya que no eran los encargados de llevar el procedimiento judicial. Ahora cualquier despacho privado que acceda al concurso podría animar a acudir a los tribunales y, de esta forma beneficiarse económicamente, si el asesorado no tuviera derecho a la asistencia gratuita.

Además, critican que el servicio pase de nueve letrados a cuatro. Hasta ahora, tres atendían en la Dirección General del Mayor y los otros seis itineraban por los 32 centros de mayores que dependen del Gobierno regional. Cuando se reanude el servicio sólo uno se desplazará a las residencias.

Esta falta de personal especializado será suplida con asistencia telefónica, una práctica no permitida hasta la fecha. Sin la documentación necesaria delante es difícil el asesoramiento, precisan.

Con la nueva fórmula no sólo la Comunidad no va ahorrar sino que tendrá que añadir a 94.000 euros presupuestados 15.000 más del IVA, un impuesto del que el Colegio está exento.