La Audiencia investiga a un ministro israelí por crímenes de guerra

Ariel Sharon, el entonces primer ministro israelí, calificó la operación de "rotundo éxito". El Ejército de ese país, en su política de asesinatos selectivos, acabó con la vida de Salah Shehadeh, supuesto responsable del aparato militar de Hamás y uno de sus líderes más activos del movimiento la noche del 22 de julio de 2002. Pero el método utilizado -una bomba teledirigida de una tonelada lanzada desde un caza F-16 contra su vivienda del barrio de Al Daraj, uno de los de mayor densidad de población de la ciudad de Gaza- se llevó por delante a la mujer y una hija de 10 años de Shehadeh así como a siete miembros de la familia Mattar, cuya casa se encontraba a sólo dos metros del objetivo de los militares. En total, murieron 14 civiles inocentes, la mayoría de ellos, niños y bebés.

Seis años y medio después de la matanza, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha iniciado la investigación de esos hechos, que en su momento originaron la protesta de la UE, Rusia, China, e incluso del ex presidente de EE UU George W. Bush. El magistrado admitió ayer a trámite la querella presentada por varios de los familiares de los 14 fallecidos contra los presuntos organizadores de la operación. El de más alto rango es el ex ministro de Defensa de Israel, Benjamín Ben-Eliezer, actualmente titular de Infraestructuras. Le siguen el jefe de la fuerza aérea, Dan Halutz; el general del mando sur del Ejército, Doron Almog; el asesor de seguridad Giora Eiland; el secretario militar del ministro, Michael Hertzog; el jefe de Estado Mayor, Moshe Ya'Alon, y Abraham Dichter, director del Servicio General de Seguridad.

El magistrado considera que podrían ser autores de un "delito contra la humanidad". Cree que con su supuesto propósito de cometer "el asesinato" de Sehadeh, el Ejército israelí "decidió lanzar un artefacto explosivo de gran potencia" que, además de la muerte del dirigente de Hamás, produjo "la de otras 14 personas, así como heridas de diversa consideración a otros 150 ciudadanos palestinos, entre ellos niños y bebés".

Ben-Eliezer y el resto de imputados habrían conocido previamente "las consecuencias que tal acción podría conllevar", recuerda Andreu, que califica la operación militar de "claramente desproporcionada y excesiva". También avisa de que la acusación podría ser aún más grave "si en el curso de este procedimiento se prueba que [el ataque] responde a una estrategia preconcebida o predeterminada".

La Audiencia Nacional es el tribunal competente para juzgar los delitos de genocidio, terrorismo o crímenes contra la humanidad cometidos por españoles o extranjeros fuera de España, según la Ley Orgánica del Poder Judicial. El juez Andreu recuerda además que el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que "lanzar un ataque intencionadamente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil" constituye "un crimen de guerra".

El artículo 608 del Código Penal español castiga con una pena de 10 a 15 años de prisión al que "con ocasión de un conflicto armado, realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla".

El juez ha enviado ya al ex ministro y al resto de acusados su resolución y, en los próximos días, los citará en su juzgado para tomarles declaración como "inculpados". La ley española no permite que se les juzgue en ausencia, pero Andreu sí está facultado para emitir una orden internacional de detención que podría reducir considerablemente su libertad de movimientos.