Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Bolivia indígena

El triunfo en el referéndum constitucional de Evo Morales no garantiza la gobernabilidad del país

Los bolivianos han aprobado por una rotunda mayoría (más del 60%) la nueva Constitución en el referéndum que se celebró el domingo, según los datos ofrecidos hasta el momento. El largo y accidentado proceso que Evo Morales puso en marcha para refundar el país poco después de conquistar el poder ha llegado por fin a puerto, pero lo ha hecho de manera fallida. El país está dividido en dos grandes bloques -la zona andina, de menores recursos económicos y que respalda decididamente la línea oficial, y las provincias del oriente, donde se encuentran los yacimientos de petróleo y gas natural, que reclaman mayor autonomía del poder central- y el nuevo triunfo de Morales no garantiza la gobernabilidad del país, ni siquiera la aplicación de la nueva Constitución.

El presidente, de etnia aymará, daba por hecho que lograría como mínimo que el 67% de los votos fueran afirmativos, el mismo porcentaje que obtuvo en el referéndum en el que se preguntó en agosto de 2007 por su continuidad en el poder. El no se ha impuesto, también mayoritariamente, en las cuatro provincias rebeldes (Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz), con lo que sus comités cívicos podrían sentirse autorizados para continuar su inagotable tarea de socavar el poder central y profundizar en la autonomía que reclaman.

El sentido profundo que impulsó la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente en mayo de 2006 fue la voluntad, tantas veces frustrada, de incorporar a la mayoría indígena a la gobernabilidad del país. El reconocimiento de la autonomía de las 36 naciones indígenas, las más grandes de ellas (aymarás y quechuas) dispersas en todo el país, es uno de los puntos más llamativos de la nueva Constitución, que peca de extensa (411 artículos), y provoca la paradoja de reforzar el poder central, al que la Constitución da la llave para distribuir la mayoría de los recursos económicos. Y eso es justamente lo que discuten los departamentos rebeldes, que ven cómo sus proyectos de autonomía, reconocidos también en la nueva Carta Magna, podrían quedar así descapitalizados y convertidos en letra muerta.

Será muy difícil que esta Constitución inaugure una nueva época en Bolivia, y aún más en tiempos de crisis y con los precios de los hidrocarburos bajando cada vez más. Evo Morales saludó su triunfo declarando clausurados el pasado colonial, el neoliberalismo y el latifundismo; los votantes votaron también el domingo que las propiedades agrícolas no tengan más de 5.000 hectáreas como máximo. Sin los recursos de las zonas más ricas, y sin su empuje empresarial, la mayor amenaza que pesa sobre el país es que el Gobierno, incapaz de generar inversión, termine por redistribuir la pura miseria. Para que no pierdan todos, Morales debe abandonar su política de confrontación e incorporar las zonas rebeldes a ese proyecto en el que, tal como han votado los bolivianos en una votación avalada por los observadores internacionales, los indígenas tienen mucho que decir.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de enero de 2009