La Xunta tendrá que autorizar la venta de las autopistas
Las autopistas gallegas tienen cada día más frentes abiertos. A las críticas que desde la Administración gallega reciben los gestores de Audasa y Autoestradas de Galicia por los sucesivos cortes de la AP-9 y la AG-55 entre A Coruña y Carballo, y en pleno proceso de negociaciones para la ampliación de los accesos a las grandes capitales gallegas, se suman unos trámites para los cambios de titularidad de las concesionarias que dilatarán todavía más el proceso de venta. Y es que los nuevos propietarios de Itínere, la división de infraestructuras de Sacyr, tienen pendiente de formalizar la solicitud de autorización para el cambio de las concesiones un mes y medio después del anuncio de venta.
Para alterar la propiedad de las concesiones es preceptiva la autorización de las administraciones que en su día las adjudicaron, cuya tramitación correrá a cargo del Ministerio de Fomento en el caso de la AP-9 y de la Consellería de Política Territorial para las vías que unen Puxeiros-Val Miñor y A Coruña-Carballo, propiedad de Autoestradas de Galicia, otra de las filiales de Sacyr. El fondo norteamericano Citi, perteneciente a Citigroup, el futuro propietario, tendrá así enfrente a las mismas administraciones con las que negociará las mejoras y la ampliación en las autopistas. Desde Política Territorial advierten que estarán vigilantes ante el proceso de autorización administrativa de la Autopista del Atlántico y aclaran que todavía no ha comenzado ningún trámite. Todo parece indicar que la aprobación del traspaso no se realizará antes de la convocatoria electoral del próximo 1 de marzo.
