"Nadie podrá gobernar este país con la nueva Constitución"

Branko Marinkovic, de 42 años, hijo de emigrantes yugoslavos que llegaron a Bolivia en los años cincuenta y crearon una empresa aceitera, compatibiliza su cargo como vicepresidente del Banco Económico, y la presidencia del Comité Cívico de Santa Cruz, creado en 1950 como el corazón del movimiento autonomista. Este economista, casado, con tres hijos, es uno de los más firmes detractores de la nueva Constitución que propone el presidente Evo Morales. "No me gusta plantear este asunto como un tema Evo, sí, Evo, no. Lo que yo pienso es que nadie, ni Evo Morales, podrá gobernar Bolivia con la Constitución que quiere aprobar".

Pregunta. ¿Qué sucederá si, como prevén todos los sondeos, el próximo domingo triunfa el sí y la Constitución es aprobada?

Respuesta. Es pronto para saberlo. En cualquier caso creo que sería necesario un gran pacto para llegar a un acuerdo sobre el futuro de este país. Si no hay pacto, este país se desintegra.

P. ¿Qué entiende usted por desintegración?

R. Nosotros no buscamos la separación ni la independencia, como algunos nos acusan. Somos bolivianos. No nos gusta la confrontación permanente en la que nos ha metido Evo Morales. Pero el país no puede funcionar así.

P. ¿Cree usted que el presidente aceptará negociar ese pacto del que habla?

R. Otros presidentes lo han hecho, ¿no? Ustedes tuvieron los Pactos de la Moncloa. La confrontación genera pobreza. Pero, la verdad, no creo que con Evo Morales ese pacto sea posible. Él es un presidente de la república especial porque sigue siendo, al mismo tiempo, presidente de la agrupación de cocaleros. Eso no tiene sentido.

P. La campaña del no se basa fundamentalmente en que la Constitución no respeta las autonomías departamentales, pero se supone que el presidente negoció para incluir esa reclamación. ¿Qué ha pasado?

R. En unos artículos se recogen las autonomías y en otros se les quitan todas las competencias, especialmente el control de los recursos naturales y las regalías que teníamos antes.

P. ¿Qué tipo de regalías?

R. Los ingresos por la explotación del petróleo se repartían así: 50% para las provincias productoras; 40% para las no productoras. Y 10% para los pueblos indígenas originarios, es decir, las minorías indígenas (no quechuas o aymaras, que son mayoría). Todo eso vuelve ahora al Estado central. Además, las competencias autonómicas en este campo se someten siempre a los decretos presidenciales, lo que, en realidad, quiere decir que no tenemos competencias. Pero no es solo un problema de regalías. Hay otros muchos problemas.

P. ¿Por ejemplo?

R. La justicia comunitaria, primaria e inapelable. Puedes ser juzgado de acuerdo con esa justicia indígena originaria y ¡no puedes apelar! ante los tribunales ordinarios. Otra cosa, las tierras campesinas no se pueden vender, los propios pueblos que las poseen no pueden enajenarlas ni hipotecarlas...¿Cómo obtener dinero para su explotación? Los extranjeros no pueden comprar tierras bajo ningún concepto. ¿Y si alguien no quiere seguir siendo campesino?

P. ¿No hay nada positivo?

R. No se trata de eso, se trata de que este es un paso atrás muy duro. Nosotros no queremos que estas cosas se constitucionalicen. En todo caso, que se aprueben por ley, y que puedan ser modificadas cuando se den cuenta de que no funcionan. Pero así, dentro de la Constitución, para cambiarlas habrá que convocar otro referéndum. Imagínese, los recursos naturales que estén en esas tierras de las poblaciones indígenas originarias, insisto muy minoritarias, serán gestionados por esas comunidades de acuerdo con sus costumbres ancestrales. Y esas poblaciones indígenas, que no son quechuas ni aymaras, van a tener una representación enorme en el Parlamento.

P. ¿Qué solución propone el Comité Cívico?

R. Que el Gobierno comprenda que no puede gobernar en contra de la mitad del país.