Togas en alto

La junta de jueces de Madrid se constituyó ayer en punta de lanza de la protesta judicial pronunciándose no sólo a favor de la huelga -103 votos a favor, 18 en contra, 3 en blanco- sino de adelantarla al 18 de febrero, sin esperar a la fecha de 26 de junio como en principio defienden las asociaciones judiciales si fracasa la negociación con el Ministerio de Justicia.

La decisión de los jueces de Madrid es significativa, dada su ubicación en el mapa de la justicia. Y aunque haya sido secundada en otras provincias, dista de ser unánime. La mayoría de las juntas de jueces celebradas ayer optaron por la prudencia y por no quemar etapas: acordaron dar un voto de confianza a las asociaciones y esperar los resultados de las negociaciones. Queda tiempo, por tanto, para que el sentido de responsabilidad se imponga y para que la mayoría judicial reflexione sobre lo improcedente de una acción -la huelga- que en el caso de los jueces tiene difícil encaje constitucional según la doctrina jurídica más solvente.

Es importante que la protesta se encauce a través de las asociaciones judiciales -legalmente previstas para dar curso a las reivindicaciones profesionales- y dejen de tener protagonismo las juntas de jueces, cuyo cometido legal no es precisamente convocar huelgas. Instrumentalizar estos órganos de gobierno internos de la judicatura en provecho propio no debería ser consentido por el Consejo del Poder Judicial. Y el uso espurio de esos órganos no se borra con el expediente formal de convertirlos en asamblea de trabajadores en el momento de votar huelga.

Los objetivos del movimiento de los jueces se han ido concretando en las condiciones de trabajo y eso, sin duda, facilita la negociación. Que el juez controle los señalamientos en lugar del secretario puede ser incoherente con el modelo organizativo de la nueva oficina judicial, pero es negociable. Como lo es la carga de trabajo, la mayor retribución de las guardias o la supresión del traslado forzoso cuando se asciende a magistrado. Más difícil de negociar son cuestiones que dependen de la disponibilidad presupuestaria como la creación de plazas de jueces. En todo caso, el esfuerzo ha sido notable en los últimos 20 años: 150 nuevas plazas de media por año. No pocas han quedado desiertas por falta de candidatos preparados y, en alguna medida, por culpa de la propia judicatura: no ve con buenos ojos que se pueda ser juez por otras vías que la oposición.