El último desafío de Evo Morales

El presidente de Bolivia, Evo Morales, encara esta semana su desafío más importante desde que tomó posesión hace tres años: la aprobación en referéndum de la nueva Constitución, un texto largo y complicado que supone la columna vertebral de su proyecto político y que ha despertado una gran oposición en el oriente del país, la zona económicamente más desarrollada. Los sondeos indican que el proyecto de Constitución será aprobado en el conjunto del país el próximo domingo día 25 por una sólida mayoría que puede superar el 60%, pero la dureza de la campaña del no ha hecho que los partidarios de Morales estén tocando en los últimos días todas las alarmas para asegurarse la completa movilización de sus votantes.

La campaña finalizará hoy jueves con dos actos: los partidarios del no se reunirán en el centro de Santa Cruz, la segunda ciudad del país y la que mejor representa la oposición a Morales, mientras que los partidarios del sí arroparán al presidente en La Paz, la capital y uno de sus principales puntos de apoyo político.

La indiscutible popularidad de Evo Morales, con un respaldo formidable entre la población indígena, que supone más del 80% del total de los 9,7 millones de bolivianos, no evita que su gestión sea muy polémica y que su proyecto de Constitución despierte serias dudas sobre su difícil desarrollo. Los 411 artículos del nuevo texto constitucional tienen formalmente como columna vertebral la integración de la población indígena y suponen un generoso reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, incluidos los derechos a la educación secundaria y a la sanidad pública, pero en la práctica plantean grandes dificultades de aplicación y contradicciones.

Los críticos aseguran que en lugar de resolver los problemas de la sociedad boliviana, va a favorecer la existencia de nuevos conflictos y enfrentamientos. Especialmente polémico es el capítulo relativo a la justicia, porque introduce la elección directa de todos los integrantes de los principales órganos jurisdiccionales del país, como el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo de la Judicatura y Tribunal Agro-Ambiental. La idea de que "las cúpulas" directivas de todos esos organismos sean elegidas por el conjunto de la población, como si se tratara de unas elecciones generales tradicionales, ha despertado los mayores recelos entre los jueces y magistrados del país, absolutamente contrarios al nuevo sistema. Igualmente problemático es el reconocimiento de los 36 pueblos indígenas originarios (minorías indígenas, distintas de las mayorías quechua, aymara y mestiza) que tendrán circunscripciones y representación parlamentaria propia.

En cualquier caso, una vez aprobada la Constitución, se abrirá una nueva etapa electoral porque Morales ha anunciado que adelantará las elecciones generales al próximo mes de diciembre, con la idea de que sean las nuevas cámaras (diputados y Senado) las que pongan en marcha el desarrollo legislativo. La Constitución le permitirá además presentarse para un segundo mandato presidencial.

Santa Cruz, el centro de la media luna opositora, es decir, de las cuatro provincias cuyos prefectos (gobernadores) piden el no, se mantiene en una tensa calma. Los anuncios contrarios a la Constitución cuelgan en numerosas vallas y las televisiones locales emiten muchos espacios televisivos a favor del voto negativo. El más sorprendente es el que financian las Iglesias Re-Unidas (evangélicas), basado en el eslogan: "Elige a Dios, vota por el no". La jerarquía de la Iglesia Católica también rechaza el texto constitucional, aunque de manera menos brutal.

Los miembros del Gobierno y el propio Morales encabezan la campaña del sí. Los primeros, con continuas apariciones en las televisiones estatales, y el presidente de la República, con viajes incesantes por todo el país. Si la Constitución se aprueba con una fuerte mayoría, se prevé una gran fiesta en La Paz.