La justicia respalda el plus que Aguirre da a los profesores por investigar

La investigación de un profesor universitario vale más que sus clases. Ése es el criterio de la Comunidad de Madrid para repartir un complemento entre los docentes universitarios que acaba de respaldar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el recurso presentado por Comisiones Obreras. El sindicato acudió al Alto Tribunal al considerar que es un plus restrictivo, que no fue suficientemente negociado con los sindicatos y que fue validado por el órgano equivocado.

El complemento autonómico por méritos individuales del personal docente e investigador incluye una parte fija y otra variable, según el acuerdo que la Comunidad firmó en septiembre de 2004 con las universidades públicas. Sus 17.168 profesores reciben 3.600 fijos anuales (300 al mes), según el Gobierno regional, que destinó casi 45 millones de euros al incentivo en 2008. Pero sólo la mitad, según CC OO, cobra la parte variable, que oscila entre 400 y 2.000 euros anuales. Para obtener ese plus se puntúan sobre todo los proyectos de investigación (85%) frente a los de docencia (15%), según el recurso del sindicato, que lo considera un medidor "desproporcionado". Para CC OO, si el "esfuerzo docente" primara más en el baremo, se podrían beneficiar del suplemento el 80% de los profesores.

Universidad competitiva

La sentencia respalda que los criterios para decidir a quién corresponde ese complemento son "objetivos" y que valorar más la investigación que la docencia "no es más que el resultado del propio espíritu contenido en la orden [la Ley Orgánica de Universidades de 2001], que trata de incentivar la investigación y su calidad" para que la Universidad pública se convierta en "verdaderamente competitiva y relevante". El Alto Tribunal añade que la negociación entre el Gobierno y los representantes sindicales que Comisiones echa en falta "ya se había producido" antes del acuerdo de 2004.

CC OO también protestó porque la Comunidad prefiera el criterio favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y la Acreditación (ANEC) en lugar de asumir el de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP), un organismo regional. También esta petición es desestimada por la sentencia del Tribunal Superior madrileño, contra la que no cabe recurso.