Marbella ordena dos derribos y la Junta pide más

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ultimó ayer los trámites para la demolición de dos construcciones ilegales que ocupan zonas verdes y cuyo coste asumirán los promotores. Uno de ellos, el granadino José Ávila Rojas, está procesado en el caso Malaya.

Los derribos forman parte de un acuerdo entre el equipo de gobierno, del PP, y la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, por el que la alcaldesa Ángeles Muñoz se comprometió a demoler ocho casos de construcciones irregulares y a revisar sus licencias, señalan fuentes de la Junta. A cambio el gobierno andaluz le facilitaría una fórmula legal para conceder licencias de actividad temporales a los comercios situados en edificios ilegales.

"Las demoliciones nos parecen muy positivas porque la población ha de ver que no todo vale en urbanismo, pero llegan tarde y a medias", dijo Josefa López, delegada malagueña de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Para la Junta, el Consistorio no ha cumplido del todo el acuerdo al que llegaron el pasado verano porque hay otras construcciones ilegales que no se han demolido y licencias que no han revisado. "Han ido a por la parte más fácil", añadieron.

Sin reclamaciones

La regidora coincide con el gobierno andaluz en que estos dos expedientes eran los menos problemáticos. "No suponía ninguna reclamación patrimonial para el Consistorio ya que no disponía de licencia", dijo Muñoz en conferencia de prensa.

Desde el Ayuntamiento incidieron en que las construcciones, dos estructuras, no están habitadas y tampoco son regularizables en el Plan General de Ordenación Urbana. Muñoz aseguró que se está cumpliendo los compromisos hechos a la Junta con la intención de "normalizar la situación urbanística de la ciudad y luchar para evitar derribos de viviendas habitadas".

Una de las construcciones está en Río Real y pertenece a la promotora Naviro Inmobiliaria, del constructor José Ávila Rojas. La otra estructura, situada en el núcleo de San Pedro, es de promotora Prosavi. Echar abajo la primera costará unos 47.000 euros y la segunda 6.000 euros. Las empresas tienen un mes para iniciar los trabajos y tres más para terminarlos.

Por otro lado, el juez del caso Malaya Oscar Pérez acordó rebajar de 200.000 a 100.000 euros la fianza impuesta al director general de la promotora Aifos, Jenaro Briales, para eludir la prisión.