Huelga en Frigolouro para pedir estabilidad en el empleo

En Frigolouro, empresa del Grupo Coren asentada en Porriño y centrada en el tratamiento de la carne de cerdo, no hay crisis, sino todo lo contrario. Ayer se desarrolló la primera de las dos jornadas de huelga convocadas por los sindicatos UGT y CC OO para reclamar una estabilidad en el empleo que sienten amenazada por la política de la empresa de externalizar servicios, como ha ocurrido con el de mantenimiento, trasladar secciones, como la de jamones a Lugo, y reemplazar a los empleados eventuales, así se extinguen sus contratos, por trabajadores autónomos.

En la planta de Porriño trabajan unas 700 personas (500 de plantilla) en tres turnos. El grueso de la plantilla comienza su jornada a las cuatro de la madrugada y a esa hora, ayer, ya había a la entrada de la fábrica un piquete de más de 100 personas y varias dotaciones de la Guardia Civil para proteger la entrada de los que quisieran trabajar. Durante toda la mañana sólo accedieron al interior de la planta personal de oficina y cargos con alguna responsabilidad en el proceso de producción.

Entre las 13.15 y las 14 horas se registraron los momentos de mayor tensión, al forzar la Guardia Civil el desalojo del piquete que bloqueaba la entrada y escoltar el acceso a la planta de un convoy de camiones y otros vehículos y de unos 80 empleados autónomos. Durante los forcejeos con la Guardia Civil fueron detenidos dos delegados sindicales, a los que se imputó un delito de alteración grave del orden público por negarse a despejar la entrada. Fueron liberados tras prestar declaración el cuartel.

La huelga continuará hoy. UGT y CC OO suman ocho delegados en el comité de empresa, frente a otros dos sindicatos independientes, ajenos a la protesta, que suman nueve. En la empresa nunca hubo problemas de relaciones laborales hasta ahora. Tampoco hay ningún dato que haga pensar en crisis de producción. De hecho, el año pasado la plantilla tuvo que realizar unas 4.000 horas extraordinarias. Pero UGT y CC OO apuntan que la empresa no respeta los acuerdos y le atribuyen la intención de reducir la plantilla a la mitad en el plazo de uno o dos años.