Corrupción con tarifa plana

En Alhaurín el Grande la corrupción tenía tarifa plana. Lo revela el escrito de la Fiscalía de Málaga pidiendo la apertura del juicio oral. La oferta para particulares era de 80 euros por cada metro cuadrado recalificado de más, mientras que para empresarios y autónomos había un precio especial, 6.000 euros por cada piso que se levantaba por encima de lo permitido. De momento, se desconoce si se premiaba o no la portabilidad, o sea si había un trato especial para aquellas empresas que habían dejado de corromper en los ayuntamientos del litoral y se pasaban al interior de la provincia. Ni ofrecían módem ni router wi-fi, pero el ayuntamiento garantizaba una completa cobertura. Lo hacía tanto a través del concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, como de un asesor jurídico municipal, lo que evitaba las interferencias que producían los informes negativos del arquitecto del consistorio.

Frente a los grandes operadores malagueños, los ayuntamientos de Marbella en el caso Malaya o Estepona en el caso Astapa, en Alhaurín el Grande el caso Troya tenía tarifas low cost, y con ellas parece ser que el alcalde Juan Martín Serón logró hacerse un hueco en el mercado de las corruptelas de bajo coste. La oferta estaba sujeta a disponibilidad geográfica, en concreto al Plan General de Ordenación Urbana de la localidad que se estiraba hacia arriba o hacia los lados según las necesidades. Según sostiene la Fiscalía, con este paquete promocional una veintena de promotores se dieron de alta en el servicio, la compañía de Serón logró unos ingresos de 642.445 euros y se levantaron 128 viviendas piratas, ya que no estaban contempladas en el PGOU.

El problema surgió cuando uno de los promotores se quiso dar de baja en el servicio. Entonces sucedió lo que le ocurre a cualquier ciudadano que pretende cancelar su contrato con su compañía de ADSL o con su operador de telefonía: que le resultó imposible. Por eso, tras muchos intentos infructuosos, el asunto terminó en los juzgados. El promotor era José Burgos Leyva, al que le llegó una factura de 122.000 euros por una licencia de obras para levantar 14 viviendas y locales que le concedió el Ayuntamiento a pesar de que infringía la normativa urbanística municipal. Burgos Leyva se mosqueó por el hecho de que el Ayuntamiento no aceptara la domiciliación bancaria del recibo y le exigiera el cobro en billetes. La conversación, al igual que ocurren con las llamadas al servicio de atención al cliente de las compañías de telefonía, fue grabada y con ella se inició la instrucción judicial y la investigación de la policía.

Serón fue detenido en enero de 2007 y lleva dos años con el mismo mensaje tipo que las compañías de telefonía utilizan en sus respuestas a las reclamaciones de los clientes. El alcalde de Alhaurín el Grande dice que "todo es un montaje del PSOE, en connivencia con la Fiscalía de Málaga y que no vienen a por él, sino que vienen a por el PP". Lo dijo el día que salió en libertad bajo fianza de 100.000 euros, el día que detuvieron a una veintena de empresarios imputados en el caso, el día que se presentó a las elecciones, el día que las volvió a ganar con más mayoría absoluta de la que tenía y lo ha vuelto a decir el día que trascendió este escrito de la Fiscalía.

También su partido, el PP, está actuando desde ese día como si fuera el servicio de atención al cliente de Martín Serón. Los dirigentes populares repiten este mensaje: "Serón puede seguir en su cargo ya que el partido confía plenamente en su inocencia, para cualquier aclaración o sugerencia puede contactar con nosotros en la ejecutiva provincial de Málaga. Si quiere volver a escuchar el mensaje pulse asterisco y se pone un dirigente de la ejecutiva regional que también está dispuesto a defender a Martín Serón. Gracias por confiar en nuestra compañía". Piiiiiiiiiiii...