Los empresarios se quejan de la lentitud del plan 'antiburocracia'

Buena voluntad y cambio de chip, sí. Cambios efectivos que reseñar, todavía no. Es el balance que los empresarios catalanes realizan transcurrido casi un año y medio después de que el Gobierno catalán aprobara a bombo y platillo un paquete de 48 medidas hasta 2010 para fundir el alud de papeleo burocrático que soportan las compañías, y que pretendían recortar en el 10% el total de trámites y un ahorro de 300 millones.

"Aceptamos que ha habido cierto cambio cultural en la Administración: ésta es más receptiva a que un exceso de trámites burocráticos genera ineficiencias. Pero los efectos del plan están siendo lentos. Tardaremos mucho tiempo, tardaremos años, en poder decir que la vida de las empresas ha cambiado", resume David Garrofé, secretario general de la patronal Cecot, y sugiere que "la intensidad" y "sensibilidad" de los distintos departamentos de la Generalitat no es la misma a la hora de tomarse en serio la consigna de la racionalización administrativa.

"Globalmente no ha cambiado nada", se lamenta un empresario

"Globalmente, no ha cambiado nada. Yo sigo teniendo que rellenar toda la documentación que tenía que rellenar antes, y entregando las mismas estadísticas", se lamenta el empresario Vicenç Pedret, gerente de la fábrica de botellitas para perfumería Ramon Clemente, ubicada en El Masnou (Maresme), quien corroboraba que lidiar con informes y documentos varios podía llegar a robar 2.000 horas al año de tiempo. "Pero bueno", añade, "ahora toda la atención la tenemos puesta en la crisis terrible y el papeleo pasa a segundo plano".

Porque aunque el plan haya arrancado, los resultados tardarán. La Plataforma de Integración y Colaboración Administrativa (PICA) debe permitir que, previa autorización del interesado, un departamento de la Generalitat pueda solicitar información de una empresa a otro, evitando así tener que entregar la misma información varias veces. Esta plataforma sólo funciona a medio gas, señala Moisés Bonal, responsable de estudios de PIMEC. De momento, sirve para los certificados de estar al día con Hacienda y la Seguridad Social, que se pueden pedir directamente a la Agencia Tributaria. Y la ventanilla única "sólo sirve, de momento, para crear nuevas empresas, no para el resto".

En cuanto al código de buenas prácticas, que obliga a evaluar las consecuencias burocráticas con su correspondiente coste económico de cada nueva ley, "se está empezando a implementar". Para Bonal, "lo que hay será difícil de cambiar, pero todo lo nuevo se tiene que hacer mejor".

Joaquín Trigo, director de Fomento del Trabajo, corrobora que las iniciativas "son muy positivas, sin salvedades, pero también muy delicadas, porque una cosa es la ley y otra los que la hacen cumplir, que son los funcionarios, y para eso es necesario un cambio de mentalidad".

Para Trigo, Cataluña y el conjunto de España tienen mucho trabajo pendiente para cumplir con Bruselas, ya que la Comisión Europea pide a los Estados que eliminen hasta el 25% de las cargas administrativas hasta 2012.La Generalitat asegura que, de las 48 medidas aprobadas en 2007, "38 ya están en marcha" y, que si éstas se aplicaran a partir de hoy, 180.000 documentos ya no deberían entregarse, 37.000 empresas quedarían exentas de pasar por determinados trámites, se evitarían 40.000 desplazamientos y, traducido a dinero, el ahorro sería de 228 millones de euros (la estimación del total del plan fue de 300 millones).

Según reconocen fuentes de Presidencia, que supervisa un esfuerzo transversal de todos los departamentos, la dificultad es mayúscula y la velocidad es lenta a la hora de conseguir encaminar a la Administración catalana hacia una tramitación electrónica. También se detectan problemas cuando se trata de aligerar el papeleo, en los procedimientos para reclamar las múltiples modalidades de ayudas y subvenciones de la Generalitat.

Pero el Ejecutivo de José Montilla subraya avances de peso: desde mayo, cualquier normativa nueva debe especificar qué cargas administrativas comporta su cumplimiento para el empresario. "También han aumentado significativamente los trámites de resolución inmediata que empresarios de determinadas actividades deben resolver ante la Oficina de Gestión Empresarial, y en un número importante de actividades, no hace falta ya presentar documentos como una póliza de responsabilidad civil o un certificado de las horas trabajadas para poder ejercer: con una declaración responsable de todo lo que ya se tiene, ya vale. La Administración se asegura de que esos papeles no son una invención del empresario", añaden. Lo buscan a partir de documentos que puede tener ya o a los que puede acceder. De ahí, por ejemplo, el convenio suscrito entre la Generalitat y las aseguradoras para que éstas puedan facilitar información que corrobore las pólizas que un empresario diga tener suscritas.

Nueva ley ambiental

El Ejecutivo catalán calcula que en dos meses podrá aprobar y enviar al Parlament la nueva Ley de Prevención y Control Ambiental, que, de aplicarse, asegura, reduciría el 67% de todas las actividades que ahora deben comunicar y requerir la luz verde de Medio Ambiente, para pasar a comunicarlo a los ayuntamientos.

El decreto que unifica las actuaciones de la Administración por lo que respecta a la implantación de instalaciones de energías renovables, que debe poner de acuerdo actuaciones urbanísticas, energéticas y medioambientales, no se hará realidad hasta dentro de dos meses.