Coslada no halla culpables en el 'caso Bloque', pero releva a un edil

No hay dimisiones, aunque sí un relevo. Ocho meses después de las detenciones de 24 agentes de la Policía Local de Coslada por una presunta trama de corrupción policial, la comisión de investigación del caso Bloque aprobó ayer, en un pleno extraordinario, sus conclusiones: no hay responsabilidad política.

El edil de Seguridad en el momento de las detenciones, Antonio Murillo (de la Plataforma de Izquierdas de Coslada), anunció ayer que deja esa concejalía, aunque mantendrá la de Urbanismo (que ya dirigía) y asumirá, además, Vías y Obras. El equipo de Gobierno, oficialmente, desvincula esta decisión de las conclusiones de la comisión. Manuel Torrús (PSOE), hasta ahora concejal de Desarrollo Económico, será el nuevo responsable de Seguridad; previsiblemente, asumirá sus funciones la semana que viene.

En el documento de conclusiones, los representantes políticos de Coslada reconocen "problemas" durante 20 años en la plantilla de policía, pero los reducen al ámbito "profesional y personal". De estos problemas, "en ningún momento se han podido deducir actividades delictivas de los miembros del cuerpo", aseguran, y subrayan: "Algunas de las denuncias de acoso han sido dirimidas en los tribunales de Justicia, a pesar de lo cual no se han producido sanciones relevantes hacia los mandos policiales".

La comisión estima que el "carácter autoritario y personalista" del oficial jefe de policía, Ginés Jiménez Buendía, provocó "conflictos laborales en el ámbito de la Policía Local". También reconoce que la incorporación de efectivos de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad (Bescam) hasta cuadruplicar el número de policías en seis años sin la entrada de cargos intermedios fue un "problema añadido". Por ello, el Ayuntamiento ha anunciado la creación de tres nuevas plazas de sargento y seis de cabo.

Los populares, que votaron en el pleno en contra de las conclusiones, abandonaron la comisión en octubre porque no se citó entre los comparecientes a un grupo de agentes del cuerpo local de policía que ellos habían solicitado, y porque pedían esperar hasta que los jueces permitieran el acceso al sumario. "El equipo de Gobierno ha empleado la comisión para dejar a un lado sus responsabilidades, que se tendrían que haber depurado en el mismo día que saltó el escándalo con la dimisión del alcalde y del concejal de Seguridad", aseguró ayer Francisco Becerra, portavoz del PP de Coslada. El equipo de Gobierno critica la actitud del PP al abandonar la comisión, ya que el ex alcalde Raúl López Vaquero y el ex concejal de Seguridad Francisco Becerra, obligados a declarar si permanecían en la comisión, eludieron de este modo tener que hablar sobre la condonación de una deuda de 24.000 euros a Ginés Jiménez en 2003, durante la legislatura que presidió López Vaquero.