El Tribunal Superior tumba la política laboral del PP en CRTVG
Los jueces condenan a la compañía por cesión ilegal y contratación fraudulenta
Uno tras otro, los jueces están desmontando el complejo sistema de contratación aplicado en la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG). El galimatías laboral, incrementado durante los 16 años transcurridos desde la última oferta pública de empleo, acaba de encajar un nuevo golpe: una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que invalida el sistema de delegaciones privadas instaurado en el ente autónomo. El fallo condena a la compañía a readmitir a cinco trabajadores contratados ilegalmente a través de una productora, en lo que constituye una "manipulación contractual". La resolución del TSXG es la punta de un iceberg: más de 200 trabajadores han llevado a CRTVG a los tribunales. Todas las sentencias dictadas hasta la fecha, más de 70, han dado la razón a los demandantes.
El último fallo del Tribunal Superior, del pasado 25 de noviembre, califica la relación entre la productora TV7 y TVG de "cesión ilegal" de trabajadores. El TSXG ratifica una sentencia del juzgado de lo social de Santiago y declara la existencia de un despido nulo, dado que a los trabajadores se les rescindió el contrato cuando impusieron la denuncia. Los reclamantes realizaban servicios para los informativos de TVG a través de la productora, lo que permitía que acometieran un trabajo equiparable al de los redactores contratados por la compañía autonómica, pero con unas condiciones laborales y salariales inferiores.
TV7, a la que se adjudicó en enero de 2001 el servicio de enlaces vía satélite, operaba en la práctica como una delegación volante por la geografía gallega para la cobertura de distintas noticias. El mismo sistema de productoras es el que sigue CRTVG para sus delegaciones en Vigo, A Coruña, Ourense, Ferrol, Lugo, Burela, Pontevedra y Madrid. Todas ellas las adjudicó la Administración del PP a diferentes empresas vinculadas a medios de comunicación locales, como La Voz de Galicia, El Progreso o La Región, entre otros, que reciben así una "subvención indirecta", según el abogado del grueso de los trabajadores. Hasta 130 profesionales están en esta situación, de los que alrededor de 70 han demandado a CRTVG. Todas las sentencias han sido favorables y ratificadas por el Tribunal Superior de Galicia. Una de ellas ya es firme.
Además de estos 130 empleados que están entrando en la plantilla por la vía judicial, la compañía afronta un problema similar en sus servicios centrales de San Marcos, en Santiago, donde el abuso de contratos temporales, y en muchos casos ilegales, afecta a más de 70 trabajadores. De ellos, 40 han presentado denuncias, de las que ya han salido una decena de sentencias, todas ellas en contra de CRTVG. Para evitar que las contrataciones se consoliden con carácter indefinido, la compañía viene empleando desde 1992 figuras como las de falsos autónomos, la contratación artística para trabajos estructurales y los contratos temporales.
Sólo por los trabajadores contratados por las productoras, que reciben alrededor del 60% del salario que les correspondería, TVG y Radio Galega han sido condenadas a consignar en el juzgado 1.227.000 euros, cantidad que con los devengos por el tiempo transcurrido supera ya los 3 millones. A esa cuantía habría que añadir la que reclaman por su condición de indefinidos y por antigüedad los trabajadores de San Marcos, que oscila entre los 7.000 y los 15.000 euros por empleado y año. Toda esta información fue trasladada por uno de los abogados de los trabajadores al comité de expertos para la reforma de CRTVG, en un informe en el que se alertaba de que la defensa jurídica externa de la compañía se contrató a la defensa de Vídeo Voz, una de las adjudicatarias "con claros intereses contrapuestos".
998 contratos seguidos
Una de las últimas sentencias contra TVG es la que declara indefinido con antigüedad desde el 1 de julio de 1989 a un redactor que llevaba desde entonces con contratos de distinto tipo. Primero en prácticas, después eventual y, los últimos 15 años, encadenando contratos de actividades artísticas que sucesivamente se daban de baja para volver a inscribir el alta. Así, hasta 445 veces. No es el récord de la casa. El abogado que defiende a buena parte de los que han demandado representa a un trabajador que encadenó 998 contratos consecutivos.
Durante toda su actividad laboral, el demandante hizo trabajos de "dirección, redacción, locución, edición y postproducción de los programas encomendados", siempre adscrito a los servicios informativos de TVG. De acuerdo con los hechos, que aparecen como probados en una sentencia del juzgado de lo social número 1 de Santiago, la empresa le ofreció en septiembre de 2007 un contrato de relevo por un período de un año para sustituir a un redactor prejubilado. Ante el rechazo del demandante, se le indicó que de no hacerlo se extinguiría la relación laboral con TVG. El redactor firmó un acta notarial en la que manifestó aceptar el contrato "por imperativo legal, bajo amenaza de despido". Deberá ser readmitido.
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