Blanco, indignado con el Poder Judicial por el 'caso Mari Luz'

La herida que la sanción de sólo 1.500 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a Rafael Tirado, el juez que dejó en la calle al asesino de la niña Mari Luz Cortés, ha infligido al Pacto de la Justicia sigue sangrando. Por aquel acuerdo, verbalizado en La Moncloa el 24 de julio de 2008 entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, Gobierno y oposición renovaron el órgano de Gobierno de los jueces. Pero el PSOE parece arrepentirse ahora del Poder Judicial que salió de aquel pacto: "Si hubiese sabido que algunos de los miembros del CGPJ que han sido elegidos por el Parlamento iban a tener el comportamiento que tuvieron, me hubiera replanteado mi voto [como diputado]", sentenció su vicesecretario general, José Blanco, en una entrevista de Europa Press.

Socialistas y populares pactaron la composición del nuevo Consejo hace apenas cinco meses. Para el PSOE, aquel flamante Consejo del Poder Judicial no ha pasado la primera prueba, por la que esperaban una suspensión de funciones para el juez que no ejecutó el ingreso en prisión del asesino de Mari Luz Cortés, a pesar de tener dos sentencias condenatorias por abusos sexuales a menores. Blanco opina que la tímida sanción obedece al "corporativismo" de los miembros del CGPJ, algo "rechazable y nocivo" en cualquier profesión, pero más grave aún "cuando son los propios jueces los que lo practican, porque se resiente todo el Estado".

Blanco atacó también al Partido Popular por haber guardado silencio tras conocerse la sanción del CGPJ a Tirado. "Recuerdo todas las declaraciones que hizo su líder, Mariano Rajoy, previamente sobre la necesidad de que hubiera una resolución ejemplar, y, en este sentido, echo de menos un pronunciamiento claro del PP".

Sobre la huelga que se están planteando convocar los jueces, Blanco opinó que sería "lo que le faltaba al Poder Judicial en relación con su credibilidad". El CGPJ, añadió, "es un órgano político, de gobierno de los jueces", por tanto "se puede opinar sobre sus decisiones, de la misma forma que se puede elegir. Aquí nadie es inmune a la aplicación de la ley y los jueces tampoco".