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Una juez balear investiga el pago de una campaña del PP con dinero público

El Consorcio de Desarrollo abonó el envío de 48.000 folletos electorales

El hilo de un caso de corrupción en Baleares bajo el Gobierno de Jaume Matas ha destapado un nuevo escándalo, ahora de supuesta financiación irregular de partidos políticos. La juez Piedad Marín ha detectado el pago de 13.253 euros de dinero público por el envío por avión de 48.000 folletos de 22 páginas de propaganda electoral del PP para la campaña electoral local y regional de 2007. La empresa de publicidad que elaboró los folletos fue invitada a no cobrar ni un euro por el trabajo. El portavoz del PP dijo desconocer detalles del asunto. Los testigos implican al ex consejero de Industria José Juan Cardona, quien rechaza las irregularidades.

La empresa pública autonómica Consorcio de Desarrollo Económico de las islas Baleares (CDEIB) documentó en sus libros este pago como si fuese un transporte urgente y por avión de 6.000 kilos de productos gastronómicos insulares cinco estrellas. El que era líder del PP de Ibiza y consejero de Industria del Gobierno de Jaume Matas (2003-2007), José Juan Cardona, encomendó la edición de los folletos Mira el progreso al principal suministrador del CDEIB, que era Joan Rosselló.

Este empresario de publicidad no facturó dichos trabajos al consorcio porque "fue invitado" a regalarlos, en agradecimiento por los altos ingresos por contratos públicos de los que era beneficiario. De hecho, en cuatro años obtuvo del consorcio varios contratos por valor de siete millones de euros.

Este asunto es una derivada del escándalo de corrupción del CDEIB, el caso Scala, en el que se destapó un desvío de dos millones de euros de fondos públicos. Dos ex altos cargos del PP del Gobierno de Matas, la gerente del Consorcio, Antònia Ordinas, y el director general de Industria, Kurt. J. Viaene, que ya han pasado por prisión, levantaron el velo de esta derivada de financiación irregular. En su relato judicial, Ordinas aseguró que fue el entonces consejero de Industria quien le indicó que le dijese a Rosselló que "debía hacer el trabajo gratis, vista la gran facturación con el Consorcio".

La campaña fue diseñada y asumida por Rosselló aunque no firmó los folletos. El empresario -también detenido e imputado- realizó diferentes ediciones de los folletos con imágenes de proyectos realizados en cada municipio de Ibiza y Formentera. Las empresas publicitarias Estudi Joan Rosselló y Fires Geremí, de la misma propiedad familiar, pagaron comisiones de hasta el 40% a Antònia Ordinas, quien tras ser apresada, confesó detalles de la trama y desenterró de su jardín una caja que ocultaba 240.000 euros de dinero negro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de enero de 2009