Seis millones en ocho años
A efectos oficiales, en España viven 46.157.822 personas, según el padrón aprobado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pro memoria: en 2000 sólo vivían 40 millones de personas y en el último ejercicio revisado por el INE el número de habitantes ha crecido casi un millón. No hay misterio alguno; la razón de esta explosión en un país que a finales de siglo presentaba un problema de baja natalidad es la inmigración. El 12% de la población, es decir, 5.220.577 personas, son inmigrantes. Todos los números confirman que la explosión demográfica es uno de los motivos de la prosperidad económica vivida durante los últimos ocho años; y el trabajo de los inmigrantes apuntaló las cuentas del sistema de pensiones. Son evidencias repetidas, pero que conviene tener en mente. Porque ahora toca vivir el reverso de esa prosperidad; toca, por ejemplo, pagar el desempleo a quienes antes cotizaron.
No todo son parabienes y alegrías por el aumento de la población. Si en ocho años la población española ha aumentado en más de seis millones de personas, cabría preguntarse si la red de infraestructuras del país ha crecido en consonancia con el número de residentes. ¿Hay suficientes escuelas, camas hospitalarias y atención médica, más tribunales, jueces y auxiliares, más trenes de cercanías o autobuses urbanos? La respuesta más probable es no. El transporte público, la medicina o la seguridad empiezan a reventar por las costuras. Durante casi dos lustros de prosperidad se ha asfixiado la costa con un anillo de cemento y hay más teléfonos móviles que residentes, pero apenas se ha conjurado el riesgo de apagones eléctricos y los enfermos siguen hacinados en habitaciones colectivas en los hospitales públicos.
La recesión desvelará las limitaciones del efecto llamada. Quizá por esta circunstancia 2008 sea el último ejercicio de crecimiento notable de la población durante varios años. Pero los más de 46 millones de habitantes de España siguen necesitando más transporte público, mejor seguridad, más escuelas y una medicina mejor. A ver si los planes de gasto público canalizados a través de los ayuntamientos sirven para este propósito.
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