Un alcalde de Cádiz boicotea el derribo de un hotel ilegal

La casa rural de Tavizna, en Benaocaz (Cádiz), seguirá en pie. Los vecinos de esta pedanía, en plena sierra de Grazalema, consiguieron ayer su propósito de evitar que las máquinas contratadas por la Consejería de Medio Ambiente derribaran este edificio. Lo lograron con el apoyo del alcalde, Juan María Mangana, del PP, quien encabezó la protesta ciudadana que reunió a 200 personas y protegió el polémico edificio con vehículos particulares que impidieron que las piquetas pudieran trabajar.

La Junta llevará esta movilización a la Fiscalía por entender que se ha opuesto al cumplimiento de una sentencia judicial firme.

La primera denuncia contra esta casa rural se presentó en septiembre de 2001. El pequeño hotel había comenzado ya a construirse. La vivienda con fines turísticos se levantó en un espacio protegido del Parque Natural de Grazalema. Además, ocupaba una vía pecuaria, la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar.

La denuncia interpuesta por agentes de la Consejería de Medio Ambiente inició un procedimiento administrativo que fue paralizado en 2002 con la apertura de diligencias penales contra el propietario por un delito contra la ordenación del territorio.

Sin embargo, el juzgado que abordó este caso, absolvió al dueño. El proceso administrativo continuó después y un juzgado de Jerez dictó resolución definitiva en 2006, con una sentencia que obligaba a la demolición de todo lo construido.

Ni los propietarios de la casa rural, ni muchos vecinos entienden la insistencia de la Junta en derribar este inmueble y lo defienden como una fuente de riqueza para la pedanía. El alcalde, Juan María Mangana, acusa al Gobierno andaluz de saltarse la normativa, al tratar de demoler este edificio sin contar con una licencia municipal de obra previa.

Transcurrido un tiempo prudencial, y tras consultar a sus asesores jurídicos, la Junta entiende que no necesitaba este permiso del Ayuntamiento y que esa solicitud no era más que un intento de demorar el derribo. "Es lamentable que una autoridad pública asista a una protesta contra un acto que sólo pretende restituir la legalidad", se quejó ayer la delegada de Medio Ambiente, Gemma Araujo, quien informará a la Fiscalía de la actuación del alcalde, por si es constitutiva de delito.