Dos millones para salvar el mayor complejo cultural orensano

Seis meses de bloqueo judicial sobre seis años de abandono e incumplimientos. Es lo que ha tardado Ourense en poder intervenir para salvar uno de sus principales patrimonios culturales: el recinto de San Francisco (con claustro gótico del siglo XIV declarado Monumento Nacional en 1923 y Bien de Interés Cultural) que el anterior gobierno local del PP entregó al Estado, siendo Mariano Rajoy ministro de Cultura, para que creara en él una biblioteca y la sede del archivo municipal.

La empresa adjudicataria en el año 2000, Construcciones Castilla (vinculada al PP, según fuentes municipales) incumplió los plazos y pleiteó contra el Gobierno socialista cuando, al relevar al PP en 2004, intentó rescindirle el contrato. Un juzgado de Madrid ordenó el bloqueo del complejo cultural hace seis meses, cuando el Ministerio de Cultura y el nuevo gobierno orensano se disponían a intervenir. Las demoras y el candado judicial acrecentaron el deterioro del claustro, alimentaron las humedades y potenciaron el "degradante abandono", en palabras del alcalde, Francisco Rodríguez. Botellones e incendios se sucedieron en este tiempo contribuyendo a la agonía del conjunto.

Fin del veto judicial

Hace unos días, el juez que bloqueaba el acceso levantó el veto y el Ministerio de Cultura declaró ayer que iniciará "obras de emergencia imprescindibles para mantener el estado de conservación de todo el conjunto edificado", que amenaza con la ruina. Destina para este fin 1.740.000 euros y se plantea un plazo de ejecución de cuatro meses.

Estas obras marcarán el inicio de la reconstrucción del proyecto inicial del PP, que sufrirá modificaciones. El Ministerio de Cultura, actual dueño del inmueble que había sido adquirido por el Ayuntamiento a finales de los años 80 siendo alcalde el socialista Manuel Veiga Pombo, está dispuesto a devolverlo a los orensanos a través de una fundación o patronato.

Por otra parte, el ayuntamiento ha decidido una modificación puntual del planeamiento urbanístico para suprimir la pendiente ilegal, del 35%, del barrio do Cuco, una zona con un vecindario que supera la media de edad de 70 años y a la que, como consecuencia de la rasante, no pueden acceder ni bomberos ni ambulancias. La pendiente quedará reducida al 12%. La junta de gobierno dio el visto bueno además al desarrollo de la zona sur de la ciudad en los terrenos de A Farixa.