Los vecinos de Málaga desahuciados debieron ser resarcidos en 2006

Las siete familias que habitaban en el edificio de calle Calvo, en Málaga, que fue demolido el pasado jueves por el Ayuntamiento después de declarar su estado de ruina inminente debieron ser indemnizados hace dos años, cuando el consistorio ejecutó la expropiación del inmueble.

El Defensor del Ciudadano de la provincia, Francisco Gutiérrez, recabó ayer la documentación que los vecinos tienen para acreditar el tiempo que llevaban viviendo en el inmueble y entiende que corrobora con creces el derecho de los afectados no sólo a una indemnización, sino también al realojo.

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) expropió el edificio incluido en el plan especial de rehabilitación integral Trinidad-Perchel acordado con la Junta. El proceso expropiatorio concluyó el 24 de octubre de 2006 con el pago de 68.692 euros a cinco herederos legales de la propiedad.

Los inquilinos no propietarios tienen derecho a cobrar una expropiación

En el procedimiento expropiatorio se obvió que el edificio estaba habitado por personas que, sin ser propietarias, tenían suscrito contrato de alquiler para residencia habitual, y por tanto derecho legal a ser resarcidas. De las siete familias, tres tienen contrato de alquiler, y el resto está empadronada en este domicilio, la última de ellas con fecha de noviembre de 2000, además de tener contratos con las compañías suministradoras de luz y de agua.

Si no lo fueron entonces, los vecinos tenían que haber sido indemnizados ahora, cuando el Ayuntamiento ha decretado el desahucio por el estado de ruina del inmueble.

Un real decreto en vigor desde junio establece que "en la ejecución de las expropiaciones que requieran el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, la Administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación deberán garantizar el derecho de aquéllos al realojamiento, poniendo a su disposición viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes para las sujetas a régimen de protección pública y superficie adecuada a sus necesidades, dentro de los límites establecidos por la legislación protectora".

El Ayuntamiento ha negado hasta ahora el derecho al realojo a los inquilinos, a los que ofreció un hotel de forma inmediata y una ayuda de 1.200 euros para un alquiler. Sólo una vecina que tiene dos hijos de 8 y 5 años aceptó la ayuda y ayer se vio obligada a abandonar el hotel donde pernoctó desde el jueves y trasladarse a una pensión.

El Ayuntamiento alega que el edificio ha sido de la Junta desde que fue expropiado en 2006 hasta que el mes pasado lo recibió como permuta en un convenio de vivienda, y que en todo caso sería la administración autonómica la responsable del realojo.

La edil socialista Mariluz Reguero dijo ayer que el Ayuntamiento "es responsable de dejar a los vecinos indefensos al no haberlos contemplado como inquilinos", y se felicitó de porque "ha quedado demostrado que no eran unos okupas, como dijo el alcalde". Días antes del desahucio, Francisco de la Torre cuestionó la legitimidad de los inquilinos para ocupar las viviendas.