El Gobierno aprovecha la crisis inmobiliaria para adquirir sedes

Toda crisis tiene sus oportunidades. Y la Generalitat ha sabido ver una de ellas. El Ejecutivo catalán ha adquirido este trimestre cuatro edificios por los que en conjunto deberá pagar, según fuentes del sector, unos 120 millones de euros. Y explora nuevas compras. El mercado ofrece oportunidades: no hay demasiada competencia y todo es negociable. Así que el Gobierno avanza en su plan para sustituir alquileres por patrimonio. Con las operaciones de los últimos cuatro años, la Generalitat ya se asegura un ahorro de 97,5 millones para los próximos 20 años.

Desde 2004, el Ejecutivo ha realizado nueve grandes adquisiciones que le han permitido abandonar una quincena de oficinas en alquiler en Barcelona y ha puesto en marcha tres grandes operaciones para ordenar dependencias. El fin es ir reduciendo los pagos de 32,6 millones de euros por alquileres de inmuebles en toda Cataluña que se encontró el Ejecutivo en 2004.

La Generalitat tiene 138.000 metros cuadrados en arrendamiento

Justicia dejará 50.000 metros cuadrados libres a partir de 2009

La política de compra de sedes empezó en 2004

La Generalitat es un operador grande, y es buen inquilino. Pero el propietario sabe que es complicado que abandone el inmueble porque los costes de traslado son muy elevados y el ciudadano necesita que la Administración esté en un sitio estable. Eso supone que en cada actualización de las rentas, a los cinco años, el dueño decide subirlas, y bastante. Además, muchas sedes estaban en edificios que no están catalogados como equipamientos, sino como residenciales. Según fuentes del mercado, los residenciales son, de media, el 70% más caros.

El Ejecutivo decidió poner punto final a esta política y optó por la propiedad. Y en cuatro años ha pasado de tener 172.600 metros cuadrados en arrendamiento a 138.000. La directora general de Patrimonio, Imma Turu, explica que antes de 2004 la política patrimonial de la Generalitat no tenía objetivos explícitos, porque hasta entonces el Gobierno se centró en conseguir competencias y hallar inmuebles a medida que las asumía. "Hemos llegado a un momento de madurez institucional, por lo que la política patrimonial se ha convertido en estructural. Nos permite ahorrar y ser más eficientes porque tratamos de evitar la dispersión de dependencias", afirma Turu. Con las oficinas de propiedad que quedan libres, se ubican áreas de Gobierno que están en alquiler. Si no son equipamientos, también se venden.

A largo plazo, esta política supone ahorrar. No se puede calcular con exactitud cuánto, porque el mercado inmobiliario varía y también lo hacen las necesidades de la Administración. Pero el Gobierno maneja unas perspectivas realizadas con la foto fija de ahora (véase gráfico). En Barcelona paga 16,7 millones por alquileres y 20,8 millones por los créditos bancarios contraídos para comprar inmuebles. De momento, gana la opción del alquiler. Pero las rentas se actualizan y la inflación sube, y lo que ahora cuesta 16,7 millones en 2027 valdrá 37,2 millones. En cambio, pagará lo mismo por los créditos de compra.

Las adquisiciones empezaron en 2004. La Generalitat se hizo con el inmueble de Trabajo en la calle de Sepúlveda. Un año más tarde, Interior se trasladó a la antigua sede de Aguas de Barcelona, en el paseo de Sant Joan. En 2006 adquirió un inmueble en la calle de Roc Boronat que le permitió agrupar las sedes de la Agencia de Salud Pública, los Servicios Territoriales de Salud y el Instituto de Medicina Legal. Ese mismo año la Generalitat se hizo con el edificio Torre Fòrum, en Diagonal Mar. Allí debía ir el antiguo Departamento de Universidades, pero tras ser integrado en Innovación, Universidades y Empresa se descartó. Economía espera definir el primer trimestre de 2009 el uso del edificio.

En 2007 la Generalitat compró el edificio 639 de la Gran Via para la Secretaría de Economía. Desde entonces, y en plena crisis inmobiliaria, esperó. Ahora acaba de cerrar dos operaciones. Una es la compra del edificio que ocupa el Instituto Catalán de Finanzas, y otra es el Ecourban del 22@, que ha adquirido a General Electric por unos 30 millones. Ahí irán el Instituto Catalán de Energía y la Agencia Catalana de Consumo. La operación le permitirá liberar siete edificios de golpe.

La Generalitat, además, se ha comprometido a adquirir la Casa Burés al Ayuntamiento de Barcelona por 26 millones. En los próximos meses se decidirá quién irá al edificio modernista. Y la empresa pública Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) se ha hecho con un edificio en el polígono Pedrosa de L'Hospitalet. Fuentes del mercado aseguran que la Generalitat explora ahora la compra de algún edificio donde está en alquiler. "Estamos atentos a lo que ocurra en el mercado", dice Turu.

Economía está preparando un plan de optimización para los 50.000 metros cuadrados que dejará libres Justicia a partir del año que viene. Varias dependencias irán a la Ciudad de la Justicia, mientras que el departamento iría a la manzana donde está la cárcel de mujeres de Wad-Ras. Eso deja siete inmuebles libres. Una parte serán ocupados por otras dependencias que ahora arrienda para reducir más los alquileres. Algunos incluso los venderá, lo cual permitirá sufragar compras de otros edificios. Pero el mercado no está boyante, por lo que considera alquilar algunos.

Hay, sin embargo, más operaciones en marcha. La mayor es el traslado de todas las dependencias de Medio Ambiente y Vivienda, muy disgregadas por la capital catalana, a la antigua fábrica Batlló, donde tendrá 40.000 metros cuadrados. Otra es el traslado de Acción Social y Ciudadanía a las antiguas Cotxeres de Borbó y, por último, la Agencia Tributaria ocupará un inmueble en el número 0 de la Diagonal, en el Fórum.