Otra inmigración, otra ley

El Gobierno ha dado luz verde a un anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que, cualesquiera que sean sus aciertos, eleva de 40 a 60 días el periodo legal de retención del inmigrante sin papeles en los centros de internamiento. El nuevo periodo queda muy lejos del máximo de año y medio aprobado en mayo pasado por una directiva europea fuertemente criticada y que constituye, probablemente, la mayor aberración jurídica en que haya incurrido jamás la Unión. El Ministerio del Interior sabe mejor que nadie que la complejidad de la repatriación pocas veces tiene que ver con el tiempo, sino con el desconocimiento del país de origen del inmigrante. Pero, al menos, pasar de 40 a 60 días, especialmente si se complementa con otras garantías, no supone un retroceso tan brutal y atrabiliario como el autorizado por la Unión Europea.

El nuevo marco normativo está justificado por el fuerte impacto que la crisis económica está ya produciendo en el mundo de la inmigración. La nueva situación augura, por una parte, problemas de supervivencia a los inmigrantes residentes en España y, por otra, un retraimiento de los flujos migratorios, compatible sin embargo con un posible recrudecimiento de la inmigración irregular. Y se agravará el reto que supone atender a la formación y capacitación profesional de los cientos de miles de trabajadores inmigrantes en paro y a la integración de sus familias, lo que sin duda constituye el mejor antídoto contra eventuales brotes xenófobos en el futuro.

En este escenario se enmarca la primera reforma en profundidad -medio centenar de sus 71 artículos- de la vigente Ley de Extranjería impulsada por el Gobierno de Aznar en 2001. Es una reforma necesaria. No sólo por haberse quedado desfasada respecto de las nuevas directivas europeas sobre la materia y por desconocer la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el reconocimiento de derechos al inmigrante irregular, sino por su falta de realismo, que sus patrocinadores intentaron corregir con tres sucesivas y arrebatadas reformas. Pues si fue un éxito el eslogan que la inspiró -"Por una inmigración legal y ordenada"-, resultó un rotundo fracaso su objetivo de erradicar el denominado efecto llamada. Nunca llegaron más inmigrantes irregulares a España que en los años posteriores a esa ley.

La reforma que plantea el Gobierno, todavía en estudio, responde a las nuevas cuestiones de la inmigración, pero tendrá que afinar algunas respuestas. Refuerza las sanciones contra la explotación laboral y los matrimonios de conveniencia; facilita el reagrupamiento de cónyuges, incluidas parejas de hecho, e hijos menores, al tiempo que dificulta el de los ascendientes; y reconoce al inmigrante sin papeles derechos -asociación, reunión, manifestación y sindicación- que el Constitucional se ha hartado de repetir que son consustanciales a la persona, no concesiones administrativas.