1.701 condenados esperan cumplir pena con trabajo social en Alicante

Las listas de espera también acosan al sistema judicial. En Alicante, un total de 1.701 condenados están pendientes de la asignación de un empleo para conmutar las penas mediante la fórmula de trabajos en beneficio de la comunidad. El dato fue ofrecido ayer por Vicente Magro, presidente de la Audiencia de Alicante, pionero en cursos de reeducación a condenados por delitos de violencia de género e impulsor de la alternativa del trabajo social para conmutar estas penas leves de cárcel. La prescripción de este tipo de condenas es de cinco años.

Viente Magro, no obstante, se mostró confiado en canalizar toda la demanda de este tipo de condenados antes de superar el plazo legal de la prescripción. El titular de la Audiencia justificó su optimismo en el progresivo aumento del número de ayuntamientos que, año a año, se suma al programa de trabajos en beneficio de la comunidad, así como de instituciones solidarias y entidades privadas.

Una clínica ofrece a los conductores cumplir la pena con accidentados

Ningún condenado que se acogió al trabajo social ha reincidido

En el apartado de entidades privadas, Magro materializó ayer la incorporación al proyecto de la Clínica Mediterránea de Neurociencias de Alicante. La La clínica ofertará a partir del próximo mes de enero un total de 30 plazas para que condenados por delitos contra la seguridad del tráfico conmuten su pena con trabajos en la unidad de recuperación de víctimas de accidentes de tráfico.

En el acto formal de la firma del convenio, el director de la clínica, Pedro Antón, resaltó que en el centro médico hay pacientes con lesiones cerebrales por accidentes de circulación muy graves que serán una referencia ejemplarizante para los conductores condenados por delitos de tráfico. "Se van a encontrar [los penados acogidos al sistema de trabajo social] una muestra de las carreteras españolas que, como mínimo, les va a hacer reflexionar", señaló Antón.

La juez de vigilancia penitenciaria de Alicante, Monserrat Navarro, también incidió en este apartado de los beneficios, desde el punto de vista de la rehabilitación social, que para los condenados tendrá el hecho de cumplir la pena en este tipo de instituciones. "La ley contempla que las penas de trabajo en beneficio de la comunidad deben estar relacionadas con la actividad en la que el condenado delinquió para que tengan una función moralizante", explicó la magistrada. "Y, hasta ahora, los magistrados no podíamos cumplir con este precepto, ya que la única oferta disponible era la de trabajos de jardinería y limpieza de calles", añadió.

Mientras, Vicente Magro, también abundó en el doble objetivo de la suma de la clínica al programa: "Los condenados cumplirán la pena y recibirán una terapia de rehabilitación, ya que podrán comprobar los daños que pueden causar cuando beben y alcohol y conducen". El titular de la Audiencia anunció que en breve remitirá un escrito a las dos grandes organizaciones empresariales de la provincia (Coepa y Cámara de Comercio) para solicitar la colaboración en el programa de otras empresas privadas.

En el apartado de los ayuntamientos, Vicente Magro destacó el paulatino aumento de corporaciones locales que se han sumado a la iniciativa. "Hemos pasado de ocho ayuntamientos a principios de 2008 a los 54 en la actualidad", dijo. "El dato es muy significativo, si tenemos en cuenta que hace dos años la colaboración municipal en esta materia era nula", añadió.

El programa para cumplir penas mediante el trabajo social se puso en marcha en la provincia de Alicante en 2007. Desde entonces, un total de 413 personas han pagado su condena a través de esta fórmula y otras 232 la están cumpliendo en la actualidad. "El trabajo en beneficio de la comunidad tiene otro aspecto positivo, ninguno de los que han pasado por el programa ha vuelto a reincidir", resaltó el presidente de la Audiencia.