Despliegue policial para desalojar a un vecino del Raval

Dos furgonetas de los Mossos d'Esquadra, agentes de la Guardia Urbana y hasta inspectores de paisano, además de los agentes judiciales, unieron ayer sus fuerzas para desalojar al último vecino del inmueble del número 29 de la calle de Robadors: Manel González, protagonista, sin querer, de uno de los casos que retrata el mobbing que sufre esa zona del barrio del Raval.

Después de una larga batalla jurídico-legal entre el inquilino y la propiedad -que ha cambiado registralmente de manos no menos de cinco veces-, un juzgado de Barcelona ordenó por tercera vez el desahucio de la víctima.

Ahora sólo queda el bar La Alegría en los bajos del edificio. Todo lo demás está tapiado.Desde que se destapó el acoso inmobiliario de esa finca del Raval -y otras colindantes, hoy situadas frente a la flamante Illa Robadors- han pasado unos seis años. En ese tiempo, el resto de la veintena de inquilinos de ese edificio -la mayoría gente de edad avanzada con contratos de alquiler indefinidos de renta antigua- se han ido marchando después de sufrir cortes de luz y de agua y de ver cómo el inmueble, cada vez más deteriorado, se les caía encima.

Los funcionarios cambiaron la cerradura para ejecutar el desalojo

La intervención de las administraciones en este caso ha brillado por su ausencia. No intervino el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda -al que recurrió el afectado- y el Ayuntamiento de Barcelona se limitó a multar a la propiedad por desoír los mandamientos de arreglar los desperfectos del inmueble. La justicia, por su parte, ha tenido sobre la mesa varias demandas que denunciaban el mobbing de Robadors, como la del propio afectado y otra del Ayuntamiento. Una de ellas está en el juzgado de instrucción número 12 de Barcelona desde hace más de un año. En silencio, porque no ha tramitado nada. La actuación de la fiscalía -que en junio pasado anunció a bombo y platillo el nombramiento de un fiscal especial para los casos de mobbing- se ha limitado a pedir unas diligencias, como la "inspección ocular de la finca", que a estas alturas ya no tienen sentido.

Mientras, la demanda de desalojo instado por las sociedades propietarias de la finca ha ido avanzando y en ese caso la justicia sí ha realizado todos los trámites. El resumen de este caso es el siguiente: Manel era inquilino de la finca cuando fue comprada, en 2001. En la nota registral se anotó que estaba libre de arrendatarios. No era verdad. Manel era uno de ellos, desde 1985.

Ejerció su derecho -como inquilino- a la compra del piso y lo ganó en primera instancia. Luego, otro tribunal admitió el recurso de la propiedad y dio por finiquitado el contrato de alquiler. A partir de ahí, la propiedad -las sociedades Mancia 2003 y Taravaus 8086, de la familia Barneda Torras- instó su desalojo, algo que, finalmente, ordenó el juzgado de primera instancia número 29. Ayer, en realidad, era la tercera vez que agentes judiciales iban al piso de Manel.

El primer desahucio se suspendió en noviembre de 2007. La segunda orden se intentó ejecutar el pasado 1 de diciembre. No se pudo hacer por la presión de cuatro vecinos y amigos. Ayer fue la tercera, la de la vencida. Aunque, en realidad, no le desalojaron, sino que esperaron a que saliera del inmueble -iba a comprar- y le cambiaron el cerrojo de la puerta de su casa. Cuando regresó se encontró con un despliegue policial propio de una redada y con sus cosas amontonadas en bolsas en la portería.

El inquilino de Robadors ya había hecho bolsas y paquetes ante la inminencia del desalojo y porque el distrito de Ciutat Vella ya le había dado las llaves de un piso social, también en el Raval. "No se han dignado ni a esperar que se trasladara al piso", criticaba un miembro de una plataforma antimobbing. En la calle, Manel exigía que le entregaran a su gata, que se la habían llevado unos funcionarios al cambiar la cerradura. Vecinos del barrio, sobre todo la señora Flora, que regenta el bar La Alegría -en los bajos de la finca- lamentaban el desenlace. "Hace unos cinco o seis meses vino alguien que representaba a la propiedad y nos hizo una oferta de indemnización, pero no estuve de acuerdo porque era una cantidad ridícula", explicaba en la puerta de su bar. Y, por si acaso, la mujer repetía: "yo no me iré así como así".