Pérez Royo: "En el aborto, sólo es constitucional una ley de plazos"

Casi 30 años después de que se despenalizara en España el aborto en determinados supuestos, la subcomisión que ahora estudia en el Congreso la nueva ley de interrupción del embarazo se detuvo ayer en consideraciones jurídicas. El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo opinó que la única salida constitucional para tratar este asunto es una ley de plazos y "toda la regulación que no sea así es anticonstitucional", afirmó. Y lo defendió con dos argumentos: la igualdad constitucional no puede operar en este caso como lo hace en otros, porque el embarazo, y por tanto, el aborto, sólo afecta a la mitad femenina de la población. "¿Con qué argumento participa en una decisión como ésa la otra mitad? La ley no puede imponerle una conducta. Sólo la mujer tendrá derecho a pedir al Estado que le preste apoyo", dice el jurista.

Su segundo argumento es que no hay una relación jurídica entre dos personas con sus derechos de tal forma que no puede resolverse el conflicto ponderando el derecho del uno contra el del otro, "porque el nasciturus no los tiene". Así pues, según Pérez Royo, el Estado puede intervenir siempre que respete la decisión de la mujer. Y en caso de riesgo para la madre no hay plazos, en ese caso se podrá interrumpir el embarazo hasta el último día, defiende el catedrático sevillano.

Juristas conservadores

Pero en este punto discrepan los juristas conservadores. El que ayer compareció en el Congreso a propuesta del PP, José Gabaldón, presidente de honor del Foro de la Familia y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, calificó de "grave" atribuir libertad absoluta a la madre para decidir "sobre la vida del otro". La eterna discusión entre unos y otros es en qué momento se puede considerar que hay vida, y, por tanto, derechos. "Con la fecundación nace un ser humano distinto, no ha cambiado nada más", dijo Gabaldón

Los dos partidos mayoritarios también se enfrentaron ayer por esta cuestión. La socialista Carmen Montón acusó a los populares de permitir la "inseguridad jurídica" de las mujeres y los profesionales cuando se practica un aborto, por negarse a modificar esta norma. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que lo verdaderamente necesario es un "mayor control" sobre las clínicas privadas.