27 industrias de sustancias peligrosas incumplen la legalidad

Sólo el 13% de las empresas obligadas a presentar un plan de emergencia exterior en la Comunidad Valenciana lo están aplicando ya. El Real Decreto que, desde 1999, exigía a 31 empresas que, por su actividad relacionada con sustancias peligrosas, redactaran un nuevo plan de emergencia exterior marcaba un plazo, como máximo, de cinco años con el fin de adaptar las medidas de control a la normativa europea. Según la Dirección General de Prevención de Incendios y Emergencias de la Consejería de Gobernación, sólo cuatro de estas empresas tienen el plan redactado, aprobado y en aplicación. En el resto de los casos, las industrias han presentado la documentación pero la Generalitat, competente en la materia, está revisando la misma, se encuentran elaborando el plan o, en el mejor de los casos, lo han redactado ya pero está pendiente de homologación.

Los planes de emergencia exterior han de establecer las medidas de prevención, la organización y los procedimientos de actuación y coordinación de los medios y recursos ante accidentes con el fin de, al menos, mitigar sus consecuencias. Su elaboración depende, en primer término, de las propias empresas, que son las que deben ofrecer sus informes de seguridad. Estos han de ajustarse a las directrices de Protección Civil sobre el control y planificación ante el riesgo de accidentes en los que intervienen sustancias peligrosas. De las 31 empresas afectadas por el Real Decreto, un total de 12 aún están remitiendo información a la Generalitat o esta Administración está revisando la que ya ha sido recibida.

Una vez presentados, es labor de la Administración autonómica coordinar los recursos de seguridad, policía, bomberos y Protección Civil, fundamentalmente, y corresponde a los ayuntamientos la aprobación de los planes municipales en los que se recoja todo el dispositivo. En la fase de elaboración del plan se encuentran otras ocho empresas. El tercer paso se centra en que, una vez redactado el primer borrador, se remita a los implicados para la presentación de alegaciones. Tres de las empresas afectadas se encuentran en este trámite.

La fase final es de aprobación, por parte de la consejería de Gobernación, y homologación, que corresponde a la Comisión Nacional de Protección Civil. Pendientes de esta homologación están los planes de otras cuatro industrias mientras que sólo cuatro, todas ellas ubicadas en la provincia de Valencia, han culminado ya el procedimiento.