La Oficina Antifraude deberá informar a Castells antes de investigar al Gobierno

La Oficina Antifraude, el flamante organismo que debe evitar malas prácticas económicas en la Administración catalana, no tendrá las manos tan libres como en su día publicitó el Gobierno catalán. El tripartito votó ayer una modificación de la ley reguladora de este organismo para que no se pueda investigar al Ejecutivo catalán sin antes informar al consejero de Economía de turno, en este momento, Antoni Castells. De esta manera, el Gobierno catalán podrá saber en tiempo real si se le está investigando o no.

El cambio indignó a la oposición, sobre todo, porque, además de restar libertad de movimientos al organismo, el tripartito quiso ocultarlo votando la modificación mezclada con el paquete de medidas de acompañamiento de los Presupuestos para 2009 que ayer también se votaron en el Parlament.

Concretamente, la modificación votada ayer por los diputados del Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa, dice: "En caso de que [en la investigación] estén implicados recursos presupuestarios de la Generalitat se informará al consejero de Economía y Finanzas, quien designará a las personas de este departamento que deben colaborar con el equipo de investigación". O sea: además de informar al consejero, éste decidirá quién colabora con el organismo. La modificación de la ley, además, llega apenas un mes y medio después de haberse aprobado tras cuatro años de desacuerdos entre los socios del tripartito. La ley ya estuvo a punto de no ver la luz en 2004 por la oposición del PSC a que el organismo pudiera investigar también a los ayuntamientos.

Finalmente, y pese a las modificaciones introducidas ayer, la Oficina Antifraude catalana no sólo examinará los organismos dependientes de la Generalitat, sino también ayuntamientos y universidades y cuenta con una previsión de presupuesto para 2009 de 4,2 millones de euros. También contará con 41 trabajadores. La gran diferencia de la Oficina Antifraude con la Sindicatura de Cuentas, según la Generalitat, es que podrá actuar antes de que se materialice el delito. La ley deja claro que al menor indicio delictivo la oficina tendrá que dirigirse a la justicia. Con la modificación de ayer, además de dirigirse a la justicia, deberá hacer también lo propio con el consejero de Economía.

Tanto CiU como PP y C's opinaron que, de esta forma, la oficina deja de ser un organismo independiente. El portavoz de CiU en la Cámara, Oriol Pujol, acusó al tripartito de haber "utilizado de forma grosera el Parlament" al modificar la ley sólo mes y medio después de aprobarse. "Lo que ha impuesto hoy el PSC en el tripartito es que el investigado participe en la investigación", lamentó Pujol, que acusó a los socialistas catalanes de buscar que "nada que afecte a la Generalitat pueda ser investigado".

La diputada del PP Àngels Olano lamentó que, con este cambio de la reciente ley, el tripartito "se carga la independencia" de la Oficina Antifraude. El diputado de Ciutadans José Domingo dijo sentirse "traicionado", pues su partido apoyó en octubre la ley de la Oficina Antifraude.

En cambio, Antoni Comín (PSC) justificó que la modificación "recupera la ley tal como salió del Gobierno" y defendió como algo positivo y "necesario" que el Departamento de Economía se "coordine" con la Oficina Antifraude.

Esquerra Republicana, en su día máxima impulsora del organismo, tiró ayer pelotas fuera. Negó que la operatividad de la oficina quede afectada por los cambios de última hora. Para la diputada Patrícia Gomà la modificación es sólo de carácter "técnico".