Un varapalo al modelo de sociedades públicas

Al igual de lo ocurrido con el dictamen del caso Guggenheim, el de la comisión Balenciaga vuelve a poner el acento en el entramado de sociedades públicas constituido por los departamentos del Gobierno con la excusa de agilizar la gestión. En ese modelo, cuando ninguna Administración supera el 50% del capital, queda libre de los rigurosos paso que deben seguir el resto de sociedades públicas a la hora de las contrataciones y de su gestión. Esa falta de auditorías posibilitó el desfalco en el Guggenheim y la ruinosa compra de dólares, que saldó con una pérdida de más de seis millones de euros para las arcas públicas. A esa ausencia de controles contribuyó el director general del museo, Juan Ignacio Vidarte, quien, según el dictamen de esta comisión, dejó campar a sus anchas al ex director financiero Roberto Cearsolo.

Al PNV se le presenta un pleno infernal, con peticiones de dimisión a Azkarate

Casi de una forma mimética, el dictamen de la comisión Balenciaga reproduce las recomendaciones dirigidas al Guggenheim. Además de solicitar al Ejecutivo que "adecue los mecanismos de control y de seguimiento económico", apela a "distinguir entre los ámbitos de gestión y de control". El dictamen recomienda que "todas las sociedades públicas [aunque ninguna administración supere el 51% del capital] se conduzcan por la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda Pública, que establece controles y auditorías". Finalmente, reclama que "todos los proyectos culturales tengan perfectamente definido un plan de financiación y de gestión".

En el caso de Berroeta-Aldamar, el Gobierno vasco cuenta con el 49% del capital, la Diputación de Guipúzcoa con otro 49% y el Ayuntamiento de Getaria, el 2% restante, correspondiente a la cesión de suelo que realizó y sobre la que se ha construido la ampliación del museo.

El acto final de los dictámenes en ambos casos se vivirá el próximo lunes, con la celebración de un pleno monográfico para sustanciar las dos cuestiones. El hecho de que ninguno de los dos dictámenes haya sido unánime abre las puertas a votos particulares de los partidos. El escenario que se le presenta al PNV es infernal, con peticiones de dimisión de la consejera de Cultura. Miren Azkarate ya asumió su responsabilidad cuando compareció ante la comisión de investigación. Ahora algunos partidos pedirán que materialice esa asunción de culpa.

El PNV va a tener que capear el temporal en solitario después de que sus últimos intentos de presionar a sus socios de EA durante el pasado fin de semana hayan fracasado. Los peneuvistas forzaron la máquina hasta el máximo nivel para que se minimizase el reproche a Azkarate en el caso Balenciaga y se acentuara sobre el Ministerio de Cultura. Al final, EA ha aguantado la presión. Socialistas y populares se oponían a aceptar las rebajas solicitadas por el PNV, lo que ha determinado la actuación de otros partidos.

En el caso del Guggenheim, el panorama también resulta complicado para los nacionalistas, que rechazaron de plano el dictamen de la comisión.