¿Un trabajo? Ni de barrendera municipal

Sin formación, mujer y discapacitada. Prácticamente la única opción de Tamara Bravo, una vecina de Camarma de Esteruelas (5.759 habitantes), han sido los trabajos subvencionados por el Instituto Nacional de Empleo (Inem) para personas con discapacidad. Llevaba dos meses en paro cuando, a mediados de noviembre, recibió una carta: optaba a un puesto de barrendera en el Ayuntamiento de su pueblo, con un sueldo de 1.400 euros brutos mensuales. "Acepté, y dijeron que en un par de días tendría el contrato. A los dos días llamaron de la alcaldía: que no tenía el puesto", relata Tamara.

Acudió a la oficina del Inem de Alcalá de Henares a pedir explicaciones. Allí le dijeron que desde Camarma habían enviado un informe desaconsejando su contratación porque era alérgica al polvo. "Me sorprendí, porque no soy alérgica", asegura.

El Consistorio dijo que la mujer era alérgica al polvo. Su médico lo niega

Tamara Bravo estuvo 48 horas sin comer para reclamar el empleo

Tamara es epiléptica. A los seis años, el Instituto Nacional de Servicios Sociales reconoció que aquella niña padecía una minusvalía del 33% debido a su enfermedad. Hoy tiene 27 años, y una hija de dos y medio. Las dos se refugian en la casa de los abuelos de la pequeña, a la que huyeron hace dos años de un padre y marido maltratador. Al principio sólo golpeaba las paredes. Luego empezó a pegar a Tamara cuando se quedó embarazada. Primero en la cara, después en zonas del cuerpo ocultas por la ropa. Tamara se justificaba con los amigos diciendo que se había caído.

El suplicio continuó hasta después del parto. La mujer recuerda cómo un día, mientras daba de comer a la niña, de apenas dos meses, tuvo que apartarla de sus brazos para esquivar los golpes que su marido le propinaba. Aun así, Tamara no reaccionó hasta que su padre recibió una llamada de aviso de uno de los inmigrantes con los que la pareja y la niña compartían piso. Pasaron meses hasta que logró llevar engañada a su hija a ver a un asistente social. La trabajadora acompañó a Tamara a la comandancia de la Guardia Civil de Meco para denunciar a su marido.

Desde que logró huir del maltrato, hace poco más de dos años, apenas ha conseguido un par de trabajos. Ella y su hija viven gracias a la pensión del padre de Tamara. Su madre, que tampoco tiene estudios, salta de empleo en empleo para ayudar en la casa. Tamara necesitaba aquel trabajo de barrendera.

Tras hablar con el Inem, la mujer fue a pedir explicaciones al Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas. "No me hicieron caso", cuenta. Hizo una huelga de hambre durante dos días (18 y 19 de noviembre) ante el edificio consistorial. Nada. Fue a su médico y pidió un certificado de que no padecía ninguna alergia. Lo envió por registro a la alcaldía el 20 de noviembre, a la espera de que se corrigiese el error. Tampoco así. Incluso llevó su caso al pleno municipal, al que acudió con sus padres. Les desa-lojaron.

En la sala de plenos, el edil de obras, contratación y servicios, José María Fresno, defendió que la elección de Tamara se trataba de una "imposición" del Inem que él no aceptaba y que seleccionaría "a quien considerase adecuado", según relataron varios asistentes. Este periódico intentó, sin éxito, recabar en numerosas ocasiones la versión del Ayuntamiento de Camarma. Varios responsables rechazaron dar explicaciones sobre la no contratación de Tamara Bravo en el puesto adjudicado por el Inem.

La mujer sigue hoy sin trabajo. Cada pocos días recibe la llamada del guardia civil que vela por su seguridad. Su ex pareja tiene una orden de alejamiento de 500 metros como medida preventiva. Según la madre de Tamara, él no ha vuelto a visitar a su hija desde hace más de un año y tampoco sufraga la pensión para el sostenimiento de la pequeña. El juicio por los malos tratos, denunciados en octubre de 2006, aún carece de fecha. Como el trabajo que ansía Tamara.