Barcelona ha limitado al 5% los contratos con empresas de inserción

Cada uno de los 10 distritos de Barcelona por un lado; las áreas centrales del Consistorio, por el suyo, y las empresas e institutos municipales, por su cuenta. Resultado: el Ayuntamiento de Barcelona no puede precisar cuál es el volumen de contratación de responsabilidad social que ha venido realizando en los últimos años. El responsable de Bienestar Social, Ricard Gomà, sólo pudo calcular, de forma aproximada, que en 2007 alrededor del 5% de las contratas del Consistorio se hicieron con empresas de inserción social. En euros, unos cinco millones. La Administración municipal, como otros ayuntamientos y la Generalitat, puede contratar empresas de inserción social para servicios menores, de hasta 18.000 euros, y en los procedimientos negociados, con un importe máximo de 60.000 euros.

Las empresas de inserción social dan trabajo a un millar de personas

Los servicios de comidas y restauración, rehabilitación de inmuebles, mensajería, recogida y transporte de residuos, contratas de limpieza y lavandería son trabajos que se hacen con empresas de inserción social que dan ocupación a disminuidos psíquicos y físicos, a personas en riesgo de exclusión -algunos perciben la renta mínima de inserción- y personas con problemas de drogadicción o alcoholismo, entre otros. En definitiva, a colectivos que tienen en común la dificultad de encontrar empleos en el mercado laboral convencional.

La Federación de Empresas de Inserción de Cataluña (Feicat) aglutina a unas 45 empresas que dan trabajo a alrededor de un millar de personas. Víctor López, vicepresidente de la Feicat, explica que, por norma general, las empresas de inserción social suelen acordar los contratos con los distritos porque son éstos los que adjudican las obras menores. "Pero es importante que las administraciones creen las condiciones para que el mercado de las empresas de inserción social pueda crecer más", apunta. El marco legislativo ya existe, pero hace falta aplicarlo, insiste la federación.

En el caso de Barcelona, para el año próximo se ha fijado un mínimo de cinco millones de euros de la contratación de responsabilidad social y como techo se ha fijado el 20%, que puede representar unos 40 millones de euros.

Gomà precisó que el Consistorio incluirá en los contratos una memoria de ocupación para conocer el impacto en número de trabajadores que se genera. Y por el mismo motivo se creará una comisión de contratación responsable.