El retorno del villano

Todas las crisis tienen su villano. El de los bonos basura fue Michael Milken, y los de la más reciente, la de Enron y la América corporativa, fueron Ken Lay y Jeff Skilling, presidente y consejero delegado de la citada empresa californiana de energía, que durante un tiempo estuvo a la cabecera de la calificación de las suspensiones de pagos en EE UU. La crisis que comenzó en verano de 2007 con el estallido de las hipotecas subprime, y en la que habitamos, todavía no tenía su cabeza de turco, más allá de las acusaciones de culpabilidad a Alan Greenspan, por su política de alta liquidez y bajos tipos de interés (la misma que se está aplicando ahora, para sobrevivir) y a los ejecutivos que se subían las retribuciones en forma de bonus, mientras el resto se arruinaba.

Ahora ha aparecido el villano. Se trata de un ciudadano de 70 años, Bernard Madoff, construido a sí mismo, no precisamente perteneciente a los parvenus del sistema sino al corazón del mismo. Cuentan los cronistas llegados de Wall Street que Madoff era "uno de los nuestros", como dicen los responsables de las oficinas de administración de los patrimonios de las familias más ricas o los gestores de los fondos de alto riesgo. Haciendo de intermediario en la gestión de esas grandes fortunas, de los fondos de fondos o de los hegde funds, Madoff construyó a través de los años un alambicado esquema Ponzi (estafa piramidal) que las autoridades han definido como "de proporciones épicas", sin que los reguladores -una vez más- se enteraran de nada.

La historia financiera está llena de estafas piramidales. Nada nuevo bajo el sol, excepto su sofisticación. Para sobrepagar a los inversores iniciales de una operación piramidal, con una rentabilidad superior a la media, tienen que entrar permanentemente nuevos inversores que engorden los retornos. Si llega una crisis y la bicicleta se detiene o disminuye su ritmo, la pirámide se desmorona. Según las estimaciones del sumario preliminar del caso Madoff, presentado ante los tribunales federales de Nueva York, la estafa podría superar el equivalente a los 37.000 millones de euros. Para hacerse una idea física de lo que supone esta cifra, digamos que es superior a la cantidad que el Estado español invertirá en 2009 en obra pública, calificada el sábado por el presidente de Gobierno, Rodríguez Zapatero, como "la mayor inversión en obra pública en la democracia española". Algunos (pocos) gestores de patrimonios en la banca privada española (que parece muy afectada por el caso Madoff) llevaban tiempo desconfiando de los productos que ofrecía por tener una rentabilidad uniformemente buena (retornos de entre el 8% y el 10%), de modo independiente a la coyuntura, que se ofrecían a través de marcas blancas y con una necesidad acuciante de incrementar el número de partícipes. Verde y con asas.

La de las hipotecas locas es otra estafa piramidal. Su esquema de transmisión era el siguiente: el bajo precio del dinero y la continua revalorización de la vivienda llevó a los bancos americanos a conceder hipotecas a clientes con poca solvencia y alto riesgo de mora. Para minimizar ese riesgo, las entidades sacaron de su balance esos préstamos, los empaquetaron junto a otros de distinta naturaleza y los colocaron en el mercado secundario pagando al comprador unos intereses por el riesgo que éste soportaba. Así cuantas veces fue necesario. Con la caída del precio de la vivienda y el aumento del tipo de interés, el número de impagos se disparó y los bancos no pudieron hacer frente a la liquidación de los intereses de la deuda emitida. Entonces se extendió la desconfianza y los bancos decidieron no prestarse unos a otros, al desconocerse quiénes estaban contagiados por la pirámide.

En medio de este nuevo escándalo financiero, que incrementa ad limitem el riesgo reputacional del sector, se activan las propuestas para una mayor regulación del mismo. En el documento presentado recientemente por la Fundación Ideas para responder a lo que se denomina "una crisis sistémica", su primer punto de conclusiones reza así: "Desarrollar un nuevo derecho de ciudadanía financiera, basado en la máxima transparencia de las entidades financieras y en una carta de derechos de información y formación financiera para los ciudadanos". Casi nada.